Uno de los profesores implicados continúa prófugo

La exrectora del Aguirre Abad es investigada por fraude procesal

- 17 de octubre de 2017 - 00:00
La fiscal provincial Patricia Morejón y el ministro de Educación, Fander Falconí, trataron denuncias.
Foto: Karla Naranjo / EL TELÉGRAFO

El ministro de Educación, Fander Falconí, se reunió ayer en Guayaquil con los familiares de las víctimas de delitos sexuales dentro del plantel.

Patricia Cuenca, quien era la rectora de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, es investigada por fraude procesal. Este delito, tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo comete quien intenta ocultar o desaparecer evidencia de un acto ilícito o ayuda a los implicados a esconderse o fugarse. “Es ir en contra de la administración de justicia. Es como la figura del encubridor del Código Penal anterior, pero ahora es un delito autónomo”, explicó el abogado Julio César Cueva.

Esta indagación no la llevará a cabo el fiscal César Peña, quien investiga los delitos sexuales cometidos dentro del plantel, sino que será asignada a otro funcionario.

Peña precisó que desde el sábado 14 de octubre, cuando se dictó prisión preventiva en contra de 2 maestros, cuentan los 90 días de instrucción fiscal. Para este tiempo, coordinó con los agentes de la Dinapen la toma de versiones a todo el cuerpo docente de la unidad educativa, que lo conforman entre 95 y 100 profesores.

“Además 5 niños rendirán su testimonio anticipado a través de la cámara de Gesell. Esto aparte de la investigación de las otras cinco denuncias y el trabajo con un equipo de psicólogos para identificar si hay más afectados en la primaria”.

Denuncia de acoso en otro plantel

La fiscal provincial de Guayas, Patricia Morejón, ayer a las 10:15, recibió en su despacho a una exdocente que denunció acoso sexual dentro de un plantel, ubicado en la Cdla. 9 de Octubre, en el sur de Guayaquil.

El delito ocurrió en el año lectivo 2015-2016, contra alumnas de bachillerato, pero solo una denunció. El caso no fue judicializado, solo comunicado en la parte administrativa, donde no se dio trámite.

Dilia Saverio, la denunciante, fue inspectora de la unidad educativa y cuenta que las estudiantes le daban las quejas de lo que ocurría. “Me decían que las invitaban a salir y que si no aceptaban no les revisaban los deberes o las calificaban mal para dejarlas supletorio, hasta las amenazaban con dejarlas de año”.

Añadió que las estudiantes no denuncian por temor de que los docentes tomen retaliaciones o tergiversen la historia para que no les crean. “Cuando yo denuncié el hecho al rector, él tomó cartas en el asunto e hizo reuniones. Luego envió el informe al distrito, pero ahí nunca hicieron nada”.

Saverio aseveró que hasta la fecha el profesor continúa dando clases, pero a ella le abrieron 3 sumarios administrativos, el último sancionado con destitución.

Falconí se reunió con la fiscal

Al mediodía, en la misma oficina estuvo Fander Falconí, ministro de Educación, quien comunicó que se reunió con los familiares de las víctimas del Aguirre Abad en el edificio Público del Sector Social, Joaquín Gallegos Lara.

Ahí se solidarizó con ellos, les aseguró que hay una política de apoyo a los padres y a los niños y una apertura a la información que posee el Ministerio para que se sancione. Además, trataron acerca de la restauración, aunque “en estos hechos no cabe ninguna reparación, pues el daño está hecho. Sin embargo, los niños tienen derecho a seguir el proceso educativo”.

Afirmó que la fiscal Morejón le informó del caso ocurrido en 2015 y explicó que cuando ocurre esto debe actuar de la siguiente manera: si el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o una autoridad educativa recibe una denuncia tiene que seguir dos pasos: judicializar el caso en la Fiscalía, y dar seguimiento administrativo, que incluye la entrega del expediente al distrito.

“Si esto no se cumple hay negligencia culposa desde el lado administrativo y sin duda también del penal”. (I)

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