Luego del dictamen acusatorio de la Fiscalía por homicidio inintencional en contra de Francisco Guzmán, teniente del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), por la muerte del estudiante Juan Pablo Bolaños, durante los hechos del 30 de septiembre de 2010, el abogado defensor, José Moreno, aseguró que las dos balas extraídas del cuerpo del estudiante fueron cortadas a la mitad para analizar el contenido y determinar si pertenecían a la Policía o a los militares.

Sin embargo, según el Código de Procedimiento Penal, el examen balístico necesitaba la autorización de un juez, porque con la pericia se destruyó la evidencia. Pero la Fiscalía realizó la diligencia sin autorización. Moreno señaló que en este tipo de casos, una de las balas debía quedar intacta y bajo custodia policial, lo que no ocurrió.

Como segundo punto, Moreno señaló que los informes de trayectoria del disparo indican que se pudo realizar desde el edificio Meditrópoli y no del Hospital de la Policía, en donde se encontraba Guzmán.

Otro de los puntos para constatar que las diligencias estuvieron llenas de vicios procesales es que la instrucción fiscal terminó el pasado 4 de junio, a pesar de esta situación el fiscal Vicente Reinoso no la cerró y tres meses después, en septiembre, el juez Cuarto de lo Penal, Vicente Altamirano, dio por concluida la diligencia. 

La defensa también se apoya en que durante la reconstrucción de los hechos, 17 personas rindieron testimonio, pero en el proceso no constan esas versiones.

Lo último que mencionó fue que el pasado 22 de septiembre, la defensa solicitó las copias del proceso, sin embargo no fue hasta los últimos días de octubre, que se les entregaron todos los cuerpos de la investigación. La próxima semana se conocerá si el teniente Guzmán va o no a juicio.