Llaman a juicio por presunto lavado de activos a María Sol Larrea, exfuncionaria del IESS

El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona al delito de lavado de activos con pena privativa de libertad de entre uno y 13 años.
15 de octubre 09:13

Una Jueza dictó auto de llamamiento a juicio por presunto lavado de activos, en contra de María Sol Larrea, exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). La decisión se conoció la noche de ayer, miércoles 14 de octubre.

El llamado a juicio también es para Marcelo E., Carlos E., y siete personas jurídicas.

Según información proporcionada por Fiscalía, en su resolución, la magistrada decidió mantener las medidas cautelares en contra de los procesados –en el caso particular de María Sol L., la prisión preventiva– y la prohibición de enajenar bienes y traspasar acciones.

Durante la audiencia, que se extendió por cuatro días, en el Complejo Judicial Norte de Quito, el fiscal del caso expuso los elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio y el pedido de llamamiento a juicio.

Con base en la investigación, se presume que Larrea, junto con su esposo y cuñado (los otros ciudadanos procesados) habrían obtenido contratos por aproximadamente $ 91,1 millones en el periodo 2008-2018, mientras que la exfuncionaria ocupó altos cargos públicos durante el periodo 2008-2015.

El principal cliente de las compañías que habían constituido fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública.

Con esta fachada habrían colocado fondos en el sistema financiero nacional, dinero transferido entre las cuentas de las empresas procesadas, con las cuales se habría simulado la existencia de proveedores y clientes.

En este caso, la Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular.

Entre 2008 y 2013, Larrea fue directora General del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora Nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS.

De 2013 a 2015 fue asesora de Despacho y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad.

El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de lavado de activos con uno a 13  años de prisión, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si ha existido asociación para delinquir o de si el delito ha sido cometido utilizando empresas, instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos.

Cercana a exministro prófugo de la justicia
La procesada también cumplió otros roles. Fue asesora del Despacho y Coordinador General de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad desde 2013 a 2015, cuando Ramiro González fue ministro de esa Cartera.

Este exministro está prófugo desde 2017. En agosto de ese año, la Fiscalía ejecutó un operativo para su localización y detención, por presunta defraudación fiscal.

Sus propiedades fueron allanadas y se dictó orden de prisión preventiva en su contra por tráfico de influencias cuando dirigía el IESS y trabajaba con Larrea. (I)