La Judicatura pidió a la Contraloría activar examen especial a jueces

- 12 de noviembre de 2019 - 00:00
Merck Benavides, exjuez de la Corte Nacional de Justicia y ahora abogado en libre ejercicio, dio detalles de sus bienes patrimoniales.
Foto: El Telégrafo

María Rosa Merchán, jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), y Merck Benavides, exmagistrado, rechazaron los informes que señalan que tienen un “incremento significativo” en sus patrimonios.

Sus posturas se conocieron en respuesta a un informe del Comité de Apoyo a la Evaluación a la CNJ, que determinó que seis jueces registraron esa novedad.

Merchán, quien es uno de los magistrados que cumple la evaluación del Consejo de la Judicatura (CJ), desvirtuó a través de un comunicado que su patrimonio haya crecido en dos años.

La jueza dijo que -desde la posesión de su cargo- su patrimonio se incrementó por la adquisición de un departamento con un préstamo hipotecario al Biess, por acciones en un inmueble en Cuenca y como herencia familiar.

Merchán aseguró que ese detalle consta en las declaraciones ante la Contraloría. Añadió que en una providencia de marzo de 2019, por supuestos movimientos financieros ilícitos, la Fiscalía no encontró indicios.

Benavides ya no participa en la evaluación a los jueces. Aunque abandonó el proceso por “motivos familiares”, dijo que el informe del Comité también lo citó por un incremento de $ 934 mil  entre 2014 y 2019.

El jurista se refirió a dos viviendas, un departamento, un terreno en Natabuela, entre otros bienes cuyos valores aumentaron por avalúos del Municipio.

Añadió que los ingresos percibidos entre 2014 y 2018 fueron por su labor como juez de la CNJ, además de docente en la Universidad Central, en la Católica de Ibarra y por facturación por posgrados. “Mi patrimonio no es injustificado”, dijo.

Juan José Morillo, vocal del CJ, advirtió que los jueces señalados tendrán que hacer los justificativos ante la Contraloría, que es el organismo competente.

El funcionario recordó que ante esta situación, se ha pedido a la Contraloría que se active un examen especial a las declaraciones patrimoniales juramentadas, tanto de inicio de gestión como periódicas, que se presentan cada dos años. (I)

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