Grupos armados causan violencia en frontera

- 14 de enero de 2019 - 00:00
El cabo de Policía, César Topón, falleció en un control antinarcóticos fronterizo.
Foto: Policía Nacional.

Inteligencia Policial detectó, por lo menos, seis grupos que operan en el sur de Colombia. Los familiares y compañeros del agente asesinado en Puerto Mestanza lo despidieron con tristeza.

Un lazo negro se colocó en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional. Era un símbolo para demostrar su tristeza por el crimen de uno de los suyos, el cabo César Topón.

Él fue asesinado el sábado pasado en Puerto Mestanza, provincia de Sucumbíos, cuando patrullaba con sus compañeros de la Unidad Antinarcóticos. Otros dos agentes: Diego Villalva y Cristian Quintana resultaron heridos y se encuentran en el hospital policial de la capital nacional.

Las investigaciones para detener a los responsables siguen. Así lo explicó el jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Desapariciones, Extorsión y Secuestros de Personas (Dinased), Víctor Araus, quien prefirió mantener la reserva de las acciones que se ejecutan.

En Sucumbíos no es desconocido que Puerto Mestanza es una zona sensible al narcotráfico que se expande desde Colombia. Esa comunidad tiene vías que llegan hasta la orilla del río San Miguel y poca vigilancia, que la hacen apetecida para los grupos narcodelictivos.  

Un informe de Inteligencia policial del año pasado reveló que seis bandas operan en Nariño y Putumayo, los departamentos colombianos que limitan con Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. Estos eran el Frente Oliver Sinisterra, el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas del Pacífico, Resistencia Campesina, Gente de Orden y La Empresa.

Entonces fueron calificados como Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), porque están conformados por exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ellos no se acogieron al proceso de paz y tomaron el control del negocio del tráfico de drogas en la frontera.

Uno de ellos, el Frente Oliver Sinisterra, de Walter Arizala (Guacho), protagonizó hechos de violencia nunca vistos en el país. Desató atentados con cochebombas, secuestros y asesinatos en Esmeraldas.

Las autoridades de Sucumbíos aún no se atreven a atribuir a un grupo específico el ataque de la patrulla policial del fin de semana.

El gobernador de esa provincia amazónica, Roberth Gallegos, dijo que no pueden adelantar un pronunciamiento hasta que la Fiscalía y la Policía terminen con la indagación.

Otra exautoridad de la provincia, que pidió mantener el anonimato, manifestó que la influencia de estos grupos de exguerrilleros aumentó en los últimos años.

Recordó que en 2016 estos grupos estuvieron detrás del secuestro de Víctor Mestanza, en la comunidad que lleva su apellido. También en el atentado con explosivos en Puerto El Carmen.

El gobernador Gallegos explicó que la Policía y el Gobierno se trasladaron hasta la zona donde fueron atacados los policías. “Inmediatamente se armó un plan de contingencia, se coordinó con las autoridades de los diversos ministerios que tiene que ver con la seguridad y se realizan controles”, indicó.

Aseguró que estos operativos no solo se cumplen en la zona fronteriza con Colombia sino también en el centro de la provincia.  “El compromiso del Gobierno es garantizar la seguridad de todos”.

En Lago Agrio, los compañeros del cabo César Topón lo despidieron con una capilla ardiente que se levantó en el Comando de la provincia. Luego estaba previsto que sea llevado hasta Sangolquí, a las afueras de Quito, para ser sepultado por sus familiares.

De 35 años de edad, Topón era casado y tenía un hijo. Ingresó a la Policía en 2003. Según un informe de la institución, por su perfil y preparación fue asignado a la Unidad de Antinarcóticos.

Se desempeñaba como un agente investigador y trabajó en las provincias de Manabí, Orellana y Sucumbíos. Entre sus labores destacadas estuvo el operativo denominado “Furgón”, ejecutado en 2015.

Allí se detuvo un cargamento de 300 kilos de droga que ingresó al Ecuador por Esmeraldas, para ser llevada a los mercados ilegales de Estados Unidos y Europa.

La ministra del Interior, María Paula Romo, sostuvo que su muerte es una “triste noticia para el país y para la Policía Nacional”.
Hasta el momento, no existen detenidos por el ataque a la patrulla. (I)

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