La presencia de una red internacional  en el país, dedicada al tráfico de personas, fue confirmada ayer por el ministro del Interior, Alfredo Vera, quien indicó que se ha procedido a  la deportación de los líderes de esa organización delictiva.

Se trata de cinco ciudadanos de Pakistán y uno de Etiopía que eran requeridos por la Interpol y que incluso (tres de ellos) habrían adquirido de manera fraudulenta la nacionalidad ecuatoriana.  

El funcionario explicó que  los deportados eran buscados por  diversos  fechorías cometidas  en diferentes países del  mundo, por lo que su permanencia pudo haber afectado la seguridad interna del país. “Se los busca por delitos que han cometido en otros lugares, no aquí en el Ecuador, porque aquí no hay terrorismo”, enfatizó.

Este anuncio surge a pocos días de  que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) pidiera la colaboración de varios países para   localizar a prófugos internacionales  escondidos en América del Sur.

El director ejecutivo de Servicios Policiales de Interpol, Jean-Michel Louboutin, informó que se ha hecho un llamamiento  para que faciliten información que  ayude a encontrar a estos prófugos buscados internacionalmente,  en especial a los 20 más buscados. “Las operaciones Infra  (redadas contra prófugos a escala internacional-América del Sur) han puesto de manifiesto la importante ayuda que los ciudadanos pueden prestar   a la Policía para retirar de la circulación a delincuentes peligrosos”, sostuvo.  

Las capturas de los foráneos se dio el pasado 10 de marzo, luego de  allanamientos realizados en varios inmuebles de la ciudad de  Quito, confirmó el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Franco. 

Así se identificó la presencia de 67 ciudadanos, en su mayoría indocumentados, que esperaban obtener documentación fraudulenta para salir del país hacia Estados Unidos, Canadá y Europa.

La red se dedicaba   a tramitar documentación ecuatoriana (cédulas, cartas de naturalización, visas de trabajo, pasaportes, etc.) a esos extranjeros oriundos de Pakistán, Sri Lanka, Afganistán, India, Bangladesh, Eritrea, Malasia, Etiopía, Nigeria, Camerún, entre otras naciones.

Durante las labores de inteligencia policial se pudo determinar que los líderes de la organización tramitaban el ingreso de extranjeros al Ecuador y los obligaban a permanecer hacinados en diferentes domicilios de la capital.

Mientras duraba el proceso ilegal para obtener la documentación, los traficantes les retiraban los documentos como garantía del pago total del viaje acordado.

Con el avance de las investigaciones se determinó que el costo de este hecho ilícito era pactado en sus países de origen por montos  entre los 40.000 y 50.000 dólares.

Hasta el momento se han deportado -en situación de indocumentados-   a cinco ciudadanos de Pakistán, cuatro de la India, tres de Bangladesh y uno de Malasia.

Otros 27  extranjeros  en situación similar  han firmado su retorno voluntario a Pakistán.

Mientras tanto, 21 ciudadanos de Sri Lanka están a la espera de un pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.