Fiscalía recibió 714 denuncias por delitos sexuales en el ámbito educativo desde 2015

- 12 de diciembre de 2017 - 10:30
El fiscal, durante su comparecencia en la Comisión Ocasional de la Asamblea.
Foto: Mario Egas / EL TELÉGRAFO

El fiscal general Carlos Baca Mancheno compareció en la Comisión Aampetra de la Asamblea Nacional.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, asistió este martes a la Comisión Ocasional Aampetra, de la Asamblea, para informar sobre las acciones adoptadas por la Fiscalía frente a las denuncias presentadas por casos de abuso sexual en instituciones educativas.

En una exposición de casi dos horas, el funcionario detalló que entre los años 2015 y 2017, la Fiscalía recibió 4.854 denuncias por abuso sexual a menores de edad. En 2015 se registraron 1.537 casos; en 2016, 1.896; mientras que en 2017, se reportaron 1.421.

De ese grupo, detalló el funcionario, 714 casos se registraron dentro del ámbito educativo. En 2015 hubo 296 denuncias; en 2016, 220 reportes; mientras que en lo que va de 2017, se presentaron 198 denuncias.

Según Baca Mancheno, del número de acusaciones en el ámbito educativo, el 90% de las víctimas corresponde a mujeres.

El fiscal también detalló que las provincias de Sucumbíos, Azuay, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas son donde se registraron más denuncias por cada 100 mil habitantes.

Explicó que para mejorar la atención a estos casos se realizó capacitación al personal de la Fiscalía, se apoyaron campañas de prevención en coordinación con entidades como la Unicef y el Ministerio de Educación.

Mencionó también el fortalecimiento de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

El funcionario reconoció que hay nudos críticos que han dificultado la atención a estos casos. Puso como ejemplo la necesidad de mayor número de psicólogos. En la actualidad hay 48 expertos a escala nacional. El número óptimo sería de 132 especialistas.

En esa línea, Baca Mancheno detalló que la entidad necesita un presupuesto de $ 5,2 millones para contratar personal técnico y así mejorar la atención en casos de delitos sexuales. (I)

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