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Fiscalía recibió 714 denuncias por delitos sexuales en el ámbito educativo desde 2015

El fiscal, durante su comparecencia en la Comisión Ocasional de la Asamblea.
El fiscal, durante su comparecencia en la Comisión Ocasional de la Asamblea.
Foto: Mario Egas / EL TELÉGRAFO
12 de diciembre de 2017 - 10:30 - Redacción Web

El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, asistió este martes a la Comisión Ocasional Aampetra, de la Asamblea, para informar sobre las acciones adoptadas por la Fiscalía frente a las denuncias presentadas por casos de abuso sexual en instituciones educativas.

En una exposición de casi dos horas, el funcionario detalló que entre los años 2015 y 2017, la Fiscalía recibió 4.854 denuncias por abuso sexual a menores de edad. En 2015 se registraron 1.537 casos; en 2016, 1.896; mientras que en 2017, se reportaron 1.421.

De ese grupo, detalló el funcionario, 714 casos se registraron dentro del ámbito educativo. En 2015 hubo 296 denuncias; en 2016, 220 reportes; mientras que en lo que va de 2017, se presentaron 198 denuncias.

Según Baca Mancheno, del número de acusaciones en el ámbito educativo, el 90% de las víctimas corresponde a mujeres.

El fiscal también detalló que las provincias de Sucumbíos, Azuay, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas son donde se registraron más denuncias por cada 100 mil habitantes.

Explicó que para mejorar la atención a estos casos se realizó capacitación al personal de la Fiscalía, se apoyaron campañas de prevención en coordinación con entidades como la Unicef y el Ministerio de Educación.

Mencionó también el fortalecimiento de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura.

El funcionario reconoció que hay nudos críticos que han dificultado la atención a estos casos. Puso como ejemplo la necesidad de mayor número de psicólogos. En la actualidad hay 48 expertos a escala nacional. El número óptimo sería de 132 especialistas.

En esa línea, Baca Mancheno detalló que la entidad necesita un presupuesto de $ 5,2 millones para contratar personal técnico y así mejorar la atención en casos de delitos sexuales. (I)

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