El juez nacional Marco Antonio Rodríguez dispuso la prisión preventiva del exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.
Además, notificará a la Interpol para que emita la difusión roja, ya que, según Migración, el exfuncionario salió en agosto pasado a Colombia y no hay registro de su regreso al país.

El magistrado también ordenó la prohibición de enajenar bienes por un monto de $ 86.240 y abrió la instrucción fiscal por 30 días.

De esta forma Rodríguez acogió el pedido de la fiscal general (e), Ruth Palacios, y de la Procuraduría, durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó el jueves 24 de enero en la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En la diligencia Palacios expuso 14 elementos de convicción para señalar la responsabilidad de Ochoa en el delito de falsificación y uso de documento falso.

Luis Chimborazo, abogado del acusado, presentó solamente como prueba de arraigo de su defendido un certificado de propiedad de un vehículo, pero no precisa el valor. Con ello demostró que el exfuncionario no tiene propiedades.

El extitular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) es indagada por la impresión de 300.000 textos de bolsillo de la Ley Orgánica de Comunicación, con una parte del texto adulterado.

En la audiencia que se cumplió el jueves 24 de enero en Quito, la fiscal general encargada, Ruth Palacios, argumentó la acusación. Foto: Álvaro Pérez / El Telégrafo

El delito presuntamente se habría cometido en la corrección o cambio en el segundo inciso de la transitoria sexta de la norma, con la cual se sancionó a 11 radioemisoras.

El 17 de enero pasado la Fiscalía pidió al juez convoque a la audiencia. Lo hizo porque con dicho documento alterado se “habría aplicado progresivamente sanciones que no constaban en la ley”.

El proceso se encontraba en investigación previa desde  2016, en que el Colegio de Abogados de Pichincha y Fundamedios denunciaron.

Según la denuncia, presentada el 1 de agosto de 2016, el cambio que hizo la Supercom se ubica en el inciso segundo de la transitoria sexta de la ley. Este se refiere a la gradualidad progresiva para la difusión musical de producción nacional.

El texto original dice: “La misma gradualidad se aplicará para la difusión de contenidos musicales que establece el artículo 102, en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor de esta ley…”.  

Pero en los textos impresos menciona el artículo 103 (que trata sobre la difusión progresiva de contenidos musicales) en lugar del 102 (referente al fomento de la producción nacional independiente).

El presidente encargado del Colegio de Abogados de Pichincha, Ángel Orna, saludó la decisión y demandó de la Corte Nacional de Justicia inicie el proceso de extradición de Ochoa.

La fiscal Palacios recordó que el delito cometido fue reconocido por el propio Superintendente, en referencia a la entrevista que Ochoa diera a un diario nacional el 11 de julio de 2016.

En ella Ochoa afirmó que “lo único que hizo fue generar un arreglo, en vez de ser el artículo 102, se puso lo que obviamente constaba, que era el espíritu de la ley”.

El único órgano que, según la Constitución, puede modificar leyes es la Asamblea. En julio de 2017 el conjuez nacional Marco Maldonado negó el pedido de archivar el caso, que solicitó el exfiscal general Galo Chiriboga. (I)

Fiscal General (e) #RuthPalaciosB formula cargos a Carlos O., extitular de Supercom por presunta falsificación de documento. Juez de la @CorteNacional dicta prisión preventiva, retención y prohibición de enajenar bienes. Pide a Interpol difusión roja y localización del procesado. pic.twitter.com/joygoVcbYe

— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) January 24, 2019