Fiscalía inicia indagación contra Correa por mal manejo de recursos del IESS

- 02 de marzo de 2019 - 00:00
El dirigente de los jubilados del IESS, Henry Llanes Suárez, compareció ayer en la mañana en la Fiscalía General del Estado, en Quito.
Foto: Patricio González / El Telégrafo

El dirigente del Frente Nacional de Jubilados, Henry Llanes, reconoció su firma en la denuncia que presentó por el presunto mal manejo de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Además, rindió su versión libre y voluntaria sobre este caso. Con estas diligencias realizadas el viernes 1 de marzo en la Fiscalía General, el organismo de justicia inició una indagación previa.

Según Llanes, en el gobierno anterior se afectó el patrimonio del IESS. Esto a través de las reformas a la Ley de Seguridad Social del 2010 y 2015, y por el no pago de las deudas del Estado a la institución en materia de salud.

Se refiere a la aprobación en la Asamblea y luego en el Ejecutivo, de la ley que facultó la atención médica gratuita para los hijos de los afiliados.

Asimismo por aprobar la Ley de Justicia Laboral, con la que se retiró al Fondo de Pensiones el 40% del aporte estatal. Con estas medidas se “menoscabó el patrimonio del IESS y puso en riesgo la sostenibilidad de las prestaciones”, dijo.

En su denuncia, Llanes pidió a la Fiscalía defina qué delitos se cometieron en el IESS en la administración de Rafael Correa. Sin embargo, anticipó que hubo violación al artículo 372 de la Constitución.

Según esta norma, ninguna institución del Estado puede intervenir o disponer de los fondos y reservas del IESS, ni menoscabar su patrimonio. Estima que el perjuicio bordearía los $ 15.000 millones.

De este monto $ 5.000 millones por el tema del 40%, $ 5.000 millones que tomaron de la reserva y $ 5.000 millones por atenciones médicas no pagadas. Responsabilizó de este hecho al expresidente Correa y a los exministros de Finanzas de su gobierno.

A los miembros del directorio del IESS y los funcionarios de la institución que trabajaron entre 2007 y 2017. También a los asambleístas que tramitaron las reformas y al Superintendente de Bancos de la época. (I)

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