La Fiscalía indaga bienes de la narcoguerrilla

- 10 de abril de 2018 - 00:00
Actualmente son pocas las personas que viven en el sector de El Pan, donde cada día la situación se recrudece. Se conoció que algunos habitantes de esta comunidad se refugiaron en San Lorenzo.
Fotos: Álvaro Pérez / El Telégrafo

El Mando Único de las Fuerza Armadas y de la Policía insiste en un catastro de bienes en la frontera con Colombia. Se detectaron construcciones con mesas de billar y galleras ajenas a la realidad de los poblados del límite nacional. Mientras tanto, el toque de queda en San Lorenzo y Eloy Alfaro da tranquilidad a los cantones. En ese escenario, las acciones de control continúan. Un ejemplo, hace poco se decomisó un cargamento de precursores químicos.

El Pan es un caserío que se asienta en la zona más caliente de la frontera entre Ecuador y Colombia. Un poblado atrincherado en la selva con casas de madera. Está más o menos a dos horas de San Lorenzo (Esmeraldas) viajando por una carretera de tierra y también se puede llegar por el río Mataje, que lo separa del vecino del norte.

El Mando Único de las Fuerzas Armadas y de la Policía calcula que aquí vivían unas 200 personas dedicadas a la agricultura y ganadería.

Es por eso que lo primero que llamó su atención fue una casa construida para ser un centro de diversión. Esta vivienda tiene piso de cemento, mesas de billar y una gallera en el centro.

“Algo allí no cuadra”, sostuvo el comandante John Merlo, quien lidera las operaciones de seguridad en Esmeraldas.

La experiencia del uniformado le hace sospechar que esa propiedad pudo ser usada como centro de descanso de los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR).

El Pan es considerado un sitio estratégico para estas bandas. En ese pequeño poblado los militares ecuatorianos respondieron a tres ataques. El primero fue el 17 de febrero pasado; el segundo apenas tres días después, y el último, el 17 de marzo, mientras una patrulla de las Fuerzas Armadas realizaba un reconocimiento con drones para detectar presencia de personas relacionadas a redes de narcotráfico.

Pero este no es el único caso. El comandante Merlo sostiene que debe efectuarse un catastro de los bienes en la frontera porque muchos aparentemente están en manos de extranjeros, acción prohibida por la ley.

El Decreto Ejecutivo 433, firmado el 21 de junio 2007, por el expresidente Rafael Correa establecía esta limitación en zona de seguridad que abarcaba 20 kilómetros desde el límite nacional.

Los operativos de control de la fuerza pública en la frontera norte se intensifican cada día. El objetivo es evitar que la narcoguerrilla avance hacia otros sectores del país.

Sin embargo, desde Colombia advirtieron que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen varias propiedades en la frontera.

El fiscal Néstor Martínez sostuvo que identificaron “40 bienes muebles, inmuebles y semovientes que suman un centenar de activos que son parte de este patrimonio ilícito”.

Dichas propiedades, de acuerdo con Martínez, no solo están en Esmeraldas sino también en el resto de los 740 kilómetros de la frontera norte, que incluye a las provincias de Carchi y de Sucumbíos.

La información fue entregada al fiscal Carlos Baca, quien abrió una indagación previa para determinar las responsabilidades y los verdaderos propietarios de esos bienes. Este es el cuarto expediente que se abre por los ataques de la narcoguerrilla de Wálter Arízala Vernaza, alias “Guacho”.

La adquisición de estos bienes no solo tiene el objetivo de acumular riqueza, sino que también sirve como protección para estos grupos armados. Los uniformados se percataron de que cuando ellos avanzan por la zona, los comuneros activan sus motosierras o ponen música a todo volumen para advertir de los patrullajes.

Por ello Merlo aseguró que también debe hacerse un censo poblacional, ya que actualmente existe desconocimiento sobre las personas que habitan en la frontera.

“No sabemos si son ecuatorianos o colombianos, si son colombianos y están en calidad de refugiados o  desplazados”, señaló

La doble nacionalidad es un problema en esta zona. Todos en San Lorenzo saben que hay ocasiones en que es bueno ser ecuatoriano y, en otras, colombiano. Ambas medidas fueron analizadas por las máximas autoridades del país en el encuentro de Esmeraldas.

Aunque no se conoce una fecha para su realización, el comandante Merlo sostiene que son necesarias.

El toque de queda da resultados
San Lorenzo y Eloy Alfaro duermen temprano. Sus negocios deben cerrar antes de las 22:00 y son muy pocos los vehículos que transitan por sus vías. Para el Mando Único de las Fuerzas Armadas y de la Policía la medida dio resultados en sus primeros 15 días de vigencia.

Un informe de la Policía Nacional manifiesta que solo ocho personas no cumplieron con las disposiciones del estado de excepción y sus casos fueron enviados a la Fiscalía para que se inicien los procedimientos judiciales correspondientes.

Para John Merlo, la ciudadanía de San Lorenzo y Eloy Alfaro entendió que su seguridad es más importante que las pérdidas económicas que tuvieran por el cierre temprano de los negocios.

Las labores de inteligencia también dan importantes golpes. Uno de ellos es el decomiso de un cargamento de precursores químicos que tenía como destino Colombia.

Además se produjo el arresto de nueve personas involucradas en el atentado a la infraestructura eléctrica en Viche, parroquia de Quinindé. El Mando Único no confirmó si uno de los apresados es el cuñado de Wálter Patricio Arízala o William Quiñónez, alias “Guacho”, el principal sospechoso de una docena de atentados y ataques en el norte del país.

Los operativos para encontrar a los sospechosos de la explosión en Viche fueron detenidos en los cantones Esmeraldas, Río Verde y Palestina. En su poder se encontraron desde rollos de cable que presuntamente fueron utilizados para elaborar la mecha de los explosivos, baterías, 223 municiones hasta teléfonos celulares.

Según el Ministerio Público, estos indicios son suficientes para acusar a los nueve por terrorismo, que de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal pudieran ser sentenciados hasta 13 años de reclusión.  

La semana anterior, el Ministerio de Defensa de Colombia felicitó a las Fuerzas Armadas de Ecuador y al ministro Patricio Zambrano por capturar los sujetos presuntamente vinculados con la detonación de un artefacto explosivo en Viche, parroquia de Quinindé. “Seguimos trabajando de manera mancomunada con Ecuador para acabar con las amenazas del GAO residual en la frontera”, añadió la entidad. (I)

Con perros especializados en detectar alguna sustancia prohibida, la Policía Nacional efectúa operativos en diversos puntos de San Lorenzo, en Esmeraldas.