Bajo la dirección del Tribunal Penal integrado por los jueces nacionales, Dilza Muñoz (ponente), Iván León y Marco Rodríguez, ayer se instaló en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la audiencia de juicio contra la exasambleísta Norma V., por el delito de concusión.

Ella es acusada del presunto cobro de contribuciones obligatorias a varios de sus colaboradores cuando estuvo en la Asamblea Nacional, en uno de los casos de los llamados diezmos.

Pese a su delicado estado de salud, por el cáncer que padece y por el que ha sido sometida a cirugías en varias ocasiones, la legisladora acudió a la audiencia, pero causó extrañeza la ausencia de quien venía actuando como su abogado defensor, Ramiro Aguilar.

En el primer día de audiencia, que inició alrededor de las 09:00 y que concluyó cerca de las 14:30, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, presentó 12 pruebas testimoniales, siete documentales y seis acuerdos probatorios en relación a pericias, con las que acusó a la exparlamentaria.

Según la Fiscal, la acusada, en su calidad de asambleísta, habría exigido la entrega de contribuciones mensuales a quienes conformaban su equipo de trabajo. Las cantidades oscilaban entre los $ 150 y $ 1.000 en efectivo, como requisito para permanecer en sus cargos.

A través de los aportes entregados, la exasambleísta habría recaudado alrededor de $ 20.305, que habrían sido utilizados para hacer aportes al movimiento Alianza PAIS, del cual era parte; pagos de eventos, gastos de despacho y cancelar deudas personales.

Nueve excolaboradores de la procesada dieron su testimonio, uno de ellos desde el Consulado de Ecuador en Barcelona. Varios mencionaron que en la entrevista de trabajo se les habló de los aportes a favor de Alianza PAIS, dependiendo del cargo que iban a ocupar, mientras que a otros se les comunicó posteriormente.

Entre los testigos estuvieron: una funcionaria de un banco, quien confirmó las transferencias realizadas a la procesada desde las cuentas de sus extrabajadores; y un asesor jurídico de Alianza PAIS, quien indicó que dicho movimiento se mantiene con aportes “que no son obligatorios”.

Dos casos, procesados

Desde 2018 a la fecha se han registrado alrededor de 30 denuncias contra asambleístas por el cobro de los denominados diezmos. De estos, solo dos han llegado a etapa de juicio y el primero con sentencia es el de María Alejandra Vicuña, exvicepresidenta de la República.

La Corte Nacional de Justicia la encontró culpable de haber exigido pagos de más de $ 42.000 a sus excolaboradores, en la época en que fue asambleísta (2009-2017).

Ese dinero era para financiar su movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA). Fue sentenciada a un año de prisión. El segundo caso es de Norma V., cuyo juicio se inició este jueves 25 de junio de 2020. (I)