La incertidumbre se mantiene en los miles de perjudicados por Unión Constructora, porque aún no logran la devolución del dinero que depositaron en la empresa para adquirir una vivienda.

Las denuncias en contra de la inmobiliaria presentadas, la mayoría, en Pichincha y Guayas; en menor número en otras provincias, continúan en investigación en la Fiscalía de las respectivas localidades.

Con el fin de acelerar la devolución de los dineros de las más de 2.500 familias perjudicadas por Unión Constructora, el miércoles pasado el delegado de la Fiscalía General de la Nación, Mauricio Garrido, se reunió con representantes de los perjudicados, los fiscales de Guayas y Pichincha, Paúl Ponce y Wilson Toainga, respectivamente, también con otros funcionarios de la entidad y abogados que llevan los casos.

Garrido indicó que la Fiscalía brindará el apoyo necesario a los funcionarios de la Superintendencia de Compañías, que tienen a su cargo el proceso de liquidación de la inmobiliaria. Los perjudicados se comprometieron a levantar un listado en el que constará la totalidad de las personas afectadas y el monto del perjuicio.

El 12 de septiembre de 2013, el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha declaró culpables del delito de estafa a los ciudadanos J.P. y Y.T., expropietarios y principales accionistas de la compañía Unión Constructora. El perjuicio superaría los 40 millones de dólares.