Dos policías en servicio activo, dos en servicio pasivo, un militar y dos funcionarios de la Fiscalía General del Estado están presos por su presunta participación en el delito de asociación ilícita. Esto fue posible tras el operativo “Victoria 403”, en donde otras nueve personas operaban con esos agentes para cometer delitos como asalto a personas, robo en casas, asaltos en carreteras y en bancos.

Un informe de la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones dio cuenta de que se ejecutaron allanamientos en 16 puntos en cuatro provincias: Pichincha, Imbabura, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas.

La investigación se inició en mayo último, en coordinación con los miembros de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Propiedad (Sidprobac).

En esta acción se confiscaron dos armas, 13 municiones, 15 unidades de telefonía celular, entre otros artículos.

María Paula Romo, ministra de Gobierno, explicó la modalidad bajo la cual operaban. Primero identificaban a personas con perfiles de buena situación económica.

Luego, un grupo de los miembros de la banda, se vestía con prendas de la Policía y otro simulaba ser de la Fiscalía para ingresar a los domicilios, presentando falsas órdenes de allanamiento.

Hasta el momento hay tres denuncias.
La investigación preliminar advierte que se falsificaron órdenes y autorizaciones de jueces de Garantías Penales, añadió David Bermeo, fiscal N° 10 de la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti).

Bermeo indicó que tras vigilancias y receptaciones telefónicas se identificó que las acciones se coordinaban desde Quito.

Investigación para funcionarios
Diana Salazar, fiscal General del Estado, cuestionó el accionar de sus funcionarios que habrían participado en este caso y advirtió que habrá sanciones, sin importar que hayan sido agentes fiscales.

“Cero tolerancia a la corrupción venga de donde venga, más aún cuando se trate de nuestros propios funcionarios”, dijo.
En esa línea, informó que durante los últimos meses se han realizado investigaciones en contra de otros funcionarios. Ejemplo de ello fue la detención de la fiscal Madeline M. G., en Esmeraldas, por presuntas actividades delictivas.

Salazar advirtió que se presentó al Consejo de la Judicatura que se tomen las medidas administrativas.

El comandante General de Policía, Nelson Villegas, también lamentó que agentes del orden se encuentren señalados en esta investigación, pero se sumó al ánimo de Salazar de sancionar los actos de corrupción.

Bermeo advirtió que -de acuerdo con la información recabada- la mayoría de los 16 detenidos tienen detenciones por robo.
Incluso uno de los fiscales, radicado en Ibarra, presenta antecedentes por porte de arma en otro caso. (I) et