Fausto T., excomandante general de la Policía Nacional, se entregó hoy -de manera voluntaria- ante las autoridades de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, Fausto T. fue trasladado desde la Corte Provincial de Pichincha (CPP) hasta las instalaciones de la Policía Judicial.

Todo esto, luego de que Marco Rodríguez, presidente de la CCP, ordenara prisión preventiva en contra del exoficial, por su presunta participación dentro de un caso de adulteración de pases policiales.

Este fallo se emitió tras el pedido que realizó Wilson Toainga, fiscal Distrital de Pichincha, quien solicitó que se lo vincule en el caso, en calidad de autor.

La audiencia de vinculación se desarrolló este viernes 26 de febrero. Con esta resolución la indagación se prolongará 30 días más para que se presenten las pruebas de cargo y de descargo.

Toainga explicó que en la investigación se determinó que hay elementos suficientes en torno a la presunta participación del oficial y advirtió que se trataría de un caso de delincuencia organizada. "Así advierten los elementos de convicción", reiteró el funcionario.

En la diligencia también se solicitó la vinculación de María Teresa B., madre de Alexis C., uno de los tenientes vinculados. De acuerdo a la información de Fiscalía, la mujer estaría involucrada ya que se determinó que ella tenía una propiedad de $ 70 mil y un vehículo marca Kía. No obstante, el presidente decidió no ordenar la prisión preventiva.

Carlos Cuchalá, abogado de la procesada, explicó que el fallo obedece a que no se encontraron elementos suficientes ni para vincular, mucho menos para ordenar su detención. "Este asunto de vinculación a la madre se trata de una persecución", indicó.

El representante legal añadió que el carro fue adquirido mucho antes de que iniciara la causa, mientras que el inmueble no se encuentra a nombre de la madre.

Cuchalá cuestionó a Fiscalía por qué no se incluye en el proceso a 3 agentes que proporcionaron información, pero asumieron responsabilidad de que a ellos les ingresaron dinero en sus cuentas personales por el negociado de los pases policiales.

Antecedentes

En diciembre de 2015, el Ministerio del Interior anunció la desarticulación de una banda presuntamente dedicada al cobro de pases dentro de la Policía Nacional. tras una indagación que duró alrededor de un año, se determinó que una red, conformada por oficiales superiores, subalternos, clases y policías se dedicaban al cobro para emitir pases a los uniformados.

En este caso existen otras 20 personas procesadas, 17 de las cuales se encuentran con prisión preventiva y otras tres con medidas sustitutivas, según detalló la Fiscalía General del Estado.

Por cada pase, se habría cobrado entre $ 1.500 y $ 2.000. Se estima que se entregaron estos certificados a 3.000 personas por lo que habría un movimiento financiero de $ 6 millones, cuyo dinero habría sido depositado en distintas cuentas.

Este proceso se investiga según el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el delito de delincuencia organizada y sanciona con 7 a 10 años de privación de libertad. (I)