Una supuesta reunión del fiscal general (e), Raúl Pérez, con el exagente Raúl Ch., se produjo en su despacho de la Fiscalía, en Quito, el martes 19 de junio, un día antes de que el procesado rinda su testimonio anticipado. 

Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, cuestionó esta diligencia puesto que los otros sujetos procesales no fueron notificados al respecto.

La viceministra de Atención a Personas Privadas de Libertad, Liliana Guzmán, confirmó en una entrevista radial, que la directora de la Cárcel 4 recibió un pedido del fiscal general encargado para que Raúl CH. sea trasladado a las 15:00 a la Fiscalía.

"No somos como Ministerio ni como centro de rehabilitación social parte procesal de ningún proceso o juicio, tenemos el custodio de los PPL, y lo que hacemos es cumplir los pedidos, sea de un fiscal o sea de un juez, porque caso contrario estaríamos cayendo en desacato u obstrucción de alguna investigación", dijo la viceministra.

"Lo que se hizo ayer por parte de la directora, bajo estrictas medidas de seguridad, fue cumplir un pedido de una autoridad que está llevando a cabo una investigación", recalcó Guzmán, al subrayar que al Ministerio de Justicia no le corresponde la notificación a las partes procesales.

En @aprimerahora_ec entrevista por @majestadfm informé de la providencia de @FiscaliaEcuador sobre la PPL Chicaiza. "Cómo @Justicia_Ec lo único que nos corresponde es cumplir y autorizar la salida del CRS". pic.twitter.com/IDH4oMn9sC

— Liliana Guzmán Ochoa (@lilimguzman) June 20, 2018

Este miércoles 20 de junio, la bancada del Movimiento Revolución Ciudadana, afín a Rafael Correa, vinculado en el caso Balda, rechazó en un comunicado las actuaciones del fiscal general.

"Manifestamos nuestro rechazo enérgico frente a los aparentes vicios constitucionales y legales que estarían siendo ejecutados por el fiscal encargado en el caso Balda.

Afirman que estos hechos vulneran el debido proceso y las garantías constitucionales, por lo que piden explicaciones a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado; la jueza Daniella Camacho y al fiscal encargado. 

Los testimonios de los exagentes -quienes se acogieron a la cooperación eficaz- fueron solicitados por el fiscal Pérez hace dos semanas, pero se postergaron para evitar que la defensa de los que aún no habían sido vinculados (Fausto T., Pablo R. y el lunes el expresidente de la República Rafael C.) argumenten una nulidad que afecte en el futuro el proceso.

Raúl Ch. y Diana F. son dos de los tres agentes de inteligencia ecuatorianos que fueron reconocidos por los cuatro colombianos sentenciados en ese país a 60 meses de cárcel por el secuestro del político, como quienes los contrataron para el ilícito. (I)