Dinapen inspeccionará que el gimnasio garantice la seguridad de las alumnas

- 16 de julio de 2019 - 00:00
La representante legal de Surkuna muestra los papeles con los que basan su denuncia. El colectivo creó y lidera una campaña.
Foto: Carina Acosta / EL TELÉGRAFO

Ocho medidas legales ordenó la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia tras la denuncia de la organización Surkuna que señala a un instructor de gimnasia como presunto autor de acoso sexual.  

El colectivo presentó la campaña #SeremosLasÚltimas para llamar la atención de alumnas y exalumnas del Gimnasio Club-Ecuador que deseen presentar una queja en contra de Alcides P., instructor del local deportivo.

 La primera restricción ordena que el entrenador se aleje de forma inmediata de las niñas y adolescentes del gimnasio. También está prohibido proferir amenazas a las alumnas.

 Además, se suspende de forma temporal el funcionamiento del gimnasio hasta que se garanticen las condiciones seguras. Para ello, se ordenó a la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) verificar el cumplimiento de la medida “durante un período indeterminado”.

 Como quinta medida, el Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito dispuso grupos focales con las alumnas para conocer qué trato recibían durante el entrenamiento.

 Ana Vera, abogada de Surkuna, añadió que se ordenó a la administración del gimnasio entregar un listado de las alumnas.

La Junta también dispuso al Ministerio del Deporte la reubicación de las menores alumnas. Por último, se remitieron copias certificadas a la Fiscalía para que consten dentro de una indagación previa. Estos fueron los resultados de la campaña creada por la denuncia de cinco exalumnas que presentaron la queja. Una de las primeras fue Estephanie Altamirano (29 años).

Hace dos años contó a su familia que fue víctima de abuso sexual por parte de su profesor de gimnasia.

Rubí Torres, padre de Salomé Torres, otra de las denunciantes, cuestionó la lentitud con la que reacciona la justicia.

Dijo que hace 8 años presentaron el caso ante la Fiscalía, pero el proceso quedó archivado. (I) 

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