Sororidad

El diario judicial de una niña violada

- 08 de septiembre de 2019 - 00:00
Ilustración: El Telégrafo

Según el INEC 2.470 niñas de entre 10 y 14 años parieron producto de una violación. En más del 80%, los perpetradores eran cercanos a la víctima.

Una tarde de septiembre de 2018 Cristina acompañó a su papá a la finca familiar donde él trabaja desde que ella tiene memoria. Tenía 12 años, nunca se imaginó que ese día su vida cambiaría.   

Mientras su padre estaba en el río lavando una bomba de riego, Nelson M. y Zeus M. llevaron a Cristina a empujones a una bodega vacía. Nelson está casado con la hermana de su padre, por lo tanto, también es su tío. Zeus es un muchacho de 17 años que era su amigo, con el que conversaba y a veces jugaba. Los dos trabajaban con su padre en el campo. Ellos planificaron todo, se pusieron de acuerdo para actuar cuando la niña estuviera sola, arrastraron a Cristina a donde no se oyeran sus gritos y la violaron por turnos.

Luego de la agresión sexual la amenazaron con matar a su familia si decía a alguien lo que había pasado. “Mataremos a tu papá y a tu mamá” le dijo Nelson a su sobrina. Semanas después sucedió lo impensable. Nelson, que conocía los horarios de la familia, fue a casa de Cristina cuando ella estaba sola y la violó por segunda vez. Lo hizo en la cama de sus padres y nuevamente la amenazó para que se quedara callada a cambio de no herir a los suyos.

Maribel, la mamá de Cristina, me narra los hechos. Dice que ni ella ni su marido sospecharon lo que había pasado, pero que sí notaron el cambio de humor de la niña. Estaba triste, decaída, dejó de comer y comenzó a perder mucho peso; pero esos síntomas que presentaba parecían propios de la adolescencia. Maribel la llevó a un centro de salud en Yaguachi, donde viven. La doctora que atendió a la niña asumió que la falta de apetito y tristeza eran cosas de su edad. “Que tome vitaminas”, fue la receta.

En diciembre, justo un día antes de su cumpleaños, Cristina usó el celular de su mamá para navegar en internet. Cuando Maribel agarró su teléfono vio que la palabra que Cristina había buscado era “embarazo” y quedó registrada. En ese momento, todas sus alarmas se dispararon. Fue a la farmacia y compró una prueba de embarazo para su hija. Dio positivo.

Al día siguiente, el padre y la madre de Cristina fueron a poner la denuncia en la Fiscalía. Ese preciso 27 de diciembre Cristina cumplía 13 años. No hubo celebración, ni regalos, ni la sonrisa de su familia. Ese día Cristina entró a una sala donde un desconocido le hizo un examen físico mientras le preguntaba qué le había pasado.

Cristina, 13 años, un metro cincuenta de estatura, 110 libras de peso. Hasta ese momento había sido una estudiante que cursaba el primer año de básica en el colegio, una hija que siempre había estado bajo el cuidado de su padre o su madre, pero que una mañana de septiembre fue abruptamente interceptada por dos violadores y se convirtió en una niña más de la estadística de violaciones en Ecuador.

Según el INEC en el año 2017 fueron 2.470 niñas entre 10 y 14 años las que parieron producto de una violación sexual. En más del 80% de estos casos, los perpetradores eran conocidos de la víctima o se encontraban en su entorno familiar cercano. Como en el caso de Cristina.

Después de la primera valoración ginecológica para determinar el delito en la Fiscalía, Maribel llevó a Cristina a un chequeo general. La niña, además de estar encinta, tenía una infección de transmisión sexual. En su estado esa infección requirió cuidado adicional. A los cuatro meses de gestación Cristina tuvo sangrados y la posibilidad de un aborto espontáneo. Por su edad, tamaño y peso, Cristina tenía un embarazo de alto riesgo, pero ningún médico le dijo a ella o a sus padres que ese peligro que corrían su salud y su vida le daba la opción de tener un aborto legal.

En su declaración en la Fiscalía, Cristina contó que la habían violado y dio los nombres de quienes lo hicieron. La denuncia fue hecha antes de fin de año, el proceso para convocar a los implicados empezó los primeros días de enero del 2019. A esas alturas todo Yaguachi sabía de lo ocurrido y Nelson y Zeus habían renunciado a sus respectivos trabajos.

A los acusados se los separó en el proceso judicial debido a que uno de ellos era menor de edad en el cometimiento del delito. En las primeras semanas de investigación, dos fiscales asignados se excusaron de llevar el caso. Sucede que el abogado que los acusados contrataron para su defensa es conocido en la región por intimidar a los fiscales, amenazarlos, incluso demandarlos penalmente. Este abogado se moviliza con su propia guardia privada y, para colmo, estaba de candidato a concejal para el Distrito uno de Guayaquil.

En marzo algunas activistas feministas empezamos a compartir la historia de Cristina en Twitter para captar la atención de las autoridades y por primera vez en varios meses algo empezaba a cambiar. Un tercer fiscal fue asignado al proceso de Cristina. Su nombre era Patricio Toledo; él emite las citaciones para las declaraciones respectivas y se programa la declaración anticipada de Cristina en la cámara de Gesell. La familia de Cristina sintió por primera vez que pronto habría formulación de cargos, sentencia. Qué equivocados estaban. Terminada la declaración de Cristina todo fue cayéndose como un castillo de arena, por pedazos.

Pasaron unos cuantos días y el nuevo fiscal Toledo fue denunciado por el abogado defensor de Nelson M. En el escrito lo acusó de intimidación, según el art. 154 del COIP, porque solicitó la colaboración de la Policía el día que Cristina dio su versión en la cámara de Gesell.

El abogado defensor aseguró que estaba siendo tratado como delincuente. Los padres de Cristina, por su parte, recibieron una demanda por el mismo motivo. El modus operandi de la defensa estaba en marcha: desestimar e intimidar al nuevo fiscal y a la familia de la víctima. El fiscal Toledo se tuvo que excusar del caso.

Con los brazos caídos, pero no rendidos, Maribel se trasladó a Guayaquil para buscar abogado. El proceso estuvo en pausa hasta que se asignó el nuevo Fiscal. El cuarto.

Hoy Cristina, de trece años, tiene una hija de tres meses. Aún no se formulan cargos contra sus violadores. La solicitud de la prueba de ADN a Nelson M. duerme en la Fiscalía. Zeus M. sigue sin dar su versión judicial. Tanto Nelson como Zeus han sometido a Cristina y a su familia a persecución, insultos, amenazas y acoso a tal punto que no pueden salir de sus casas por miedo.

La tensión que vive Cristina es tan enorme que ella no puede ni asomarse a la ventana, mucho menos asistir al colegio. Los únicos presos en este caso son Cristina, su hija y sus padres. (O)

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