La destrucción del edificio de la Contraloría General del Estado, durante las protestas en Quito, dejaron a 13 personas con prisión preventiva y a 14 en libertad con la condición de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial.

En audiencia de reformulación de cargos, desarrollada en el complejo judicial norte, el fiscal José Córdova presentó 17 nuevos elementos de convicción, con los que se presume la participación de estas personas en los delitos de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros públicos.

Entre los indicios sustentados se mencionan los informes periciales,el análisis químico del contenido de botellas (bombas tipo molotov), que se hallaron como evidencias en poder de los imputados. Además constan las versiones de los procesados, de los guardias y de los agentes policiales.

Al termino de la diligencia judicial la jueza de Garantías Penales, Ana Cristian Guerrón, resolvió dictar prisión preventiva contra 13 procesados y para 14 medidas sustitutivas.