La Contraloría General del Estado emitió a la Fiscalía General del Estado un informe que determinó indicios de responsabilidad penal en contra del Municipio de Quito, en la compra de 100.000 pruebas PCR.

El documento de la Contraloría determinó inconsistencias en el contrato de $ 3,7 millones para la adquisición de los test, por la pandemia del covid-19. Sobre el tema, la Fiscalía cumple una investigación por presunto peculado.

Entre las novedades se registra que Lenín Mantilla, exsecretario de Salud y líder del proyecto, no presentó el plan de contingencia, tampoco detalló los objetivos ni sustentos técnicos para solventar la necesidad de la compra, efectuada en abril pasado. Mantilla se encuentra en calidad de fuga.

Como segunda novedad, en las especificaciones técnicas, se advirtió la necesidad de adquirir 200.000 reactivos. No obstante, el presupuesto referencial se estableció con la oferta de la empresa ganadora y no se tomó en cuenta la de otros oferentes.

Además, el estudio de mercado no incluyó un análisis técnico comparativo de los insumos y de los precios ofertados.

Por último, la Secretaría de Salud no analizó las propuestas económicas y técnicas de otras empresas, "además que no existe evidencia documental de la entrega de ofertas". (I)