Viuda de Gabela habla de coima en compra de helicópteros Dhruvs
La comisión ocasional de la Asamblea, que analiza la muerte del general Jorge Gabela, pedirá que la Contraloría y la Unidad de Lavado de Activos investiguen los bienes patrimoniales de quienes participaron en la compra de los helicópteros Dhruv.
Según César Litardo, presidente de la comisión, esta será una de las principales recomendaciones del informe de la mesa legislativa, que estará listo el 15 de octubre, en donde se procesará la información de más de 20.000 páginas y 40 comparecencias.
Detalló que en la mesa legislativa presumen que el crimen fue por las denuncias de la compra de las aeronaves. Por ello pedirán que se investigue tanto a los miembros de la Comisión Técnica de la FAE, así como de la Honorable Junta Militar y del Comité Interinstitucional.
Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, señaló que estos estudios revelarán “quiénes se enriquecieron ilícitamente”. Está convencida de que hubo coimas en el proceso, “por parte de vendedores de armas a algunas personas”, sentenció Ochoa.
El miércoles pasado, Paola Carrera, exsecretaria del Comité Interinstitucional, no acudió a la Asamblea, a pesar de que fue el tercer llamado. “Se insistió en forma pública, en el casillero judicial en la Fiscalía. Si no acudió deberá rendir cuentas al país, a la justicia. Quien nada debe, nada teme”, dijo Litardo, quien señaló que Carrera es vital en las investigaciones.
Para el asambleísta César Rohón, en el caso hubo “encubrimiento a todo nivel”.
La Fiscalía realizará en los próximos días la reconstrucción del tercer informe, según Litardo. No descartan la comparecencia del fiscal Raúl Pérez a la Asamblea, una vez que el perito Roberto Meza entregó a la Fiscalía los nombres de los responsables de la muerte de Gabela.
En la mesa legislativa, el perito Horacio Martín denunció también presiones en la elaboración del informe final. Habló de correcciones.
A criterio de Litardo, varias comparecencias dejaron dudas. Recordó que la comisión tiene copias de correos electrónicos, en los cuales funcionarios del Ministerio de Justicia piden al perito Meza que se borre y elimine hojas del informe, “hubo intentos claros de ocultar la información en el caso”. (I)
