Dos vinculados al caso Sobornos son exculpados

- 18 de octubre de 2019 - 00:00
Hasta la tarde de este jueves 17 de octubre de 2019 la jueza nacional, Daniella Camacho, aún no era notificada de las recusaciones en su contra.
Foto: John Guevara / El Telégrafo

Pese a los intentos de dilatar la audiencia preparatoria de juicio por parte de la mayoría de los procesados, la jueza Daniella Camacho instaló este jueves 17 de octubre la diligencia.

Con recusaciones a la Jueza y a la Fiscal, así como pedidos de diferimiento, la mayoría de los procesados intentó este jueves 17 de octubre evitar la instalación de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos 2012-2016.

La diligencia estuvo convocada para las 09:30, por lo que a esa hora en la sala de audiencias del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) estuvieron presentes las partes procesales y público que copó el lugar.

Antes de instalar la audiencia la jueza nacional, Daniella Camacho, dispuso que se dé lectura a los últimos escritos presentados.
Fueron dos del expresidente Rafael C. y uno del exsecretario Jurídico Alexis M., quienes recusaban a la magistrada y pedían suspender la diligencia.

Estos se sumaban a las recusaciones que a inicios de esta semana presentaron el exministro Vinicio A. a la jueza, y el de Alexis M. a la fiscal general, Diana Salazar.

La magistrada Camacho señaló que si bien se enteró de los anuncios de recusaciones por la prensa, esos pedidos no han sido conocidos por jueces de la CNJ, por lo que ella debía continuar a cargo de la audiencia.

A la vez la Fiscal dijo que ya hubo una respuesta por escrito a este pedido de recusación en su contra, en la que se aclaró que seguirá en el proceso.

En respuesta, los abogados de los procesados argumentaron que se habían enterado que la noche del miércoles 16 de octubre de 2019 la Fiscal General ha emitido un impulso fiscal, en el cual anuncia que no presentará acusación en contra de dos de las 26 personas que fueron investigadas en este caso.

El dictamen abstentivo es a favor del abogado Francisco Noboa y del exfuncionario público Ítalo Centenaro, contra quienes no se encontraron los suficientes elementos de convicción para acusarlos.

Por ello los abogados de 18 de los procesados pidieron que se suspenda la audiencia, porque necesitaban tiempo para conocer el dictamen abstentivo y en base de ello preparar la defensa.

La jueza Camacho respondió que el miércoles 16 de octubre se había notificado a las partes con la decisión fiscal, por lo que las defensas habrían tenido tiempo para el análisis. Sin embargo, consideró que una hora era tiempo suficiente para que los abogados conocieran la decisión de la Fiscalía y dispuso un receso.

A las 11:07, la jueza instaló la audiencia y dispuso un tiempo de 20 minutos a cada uno para que expusieran sus argumentos sobre la procebilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento.

El primero en intervenir fue Carlos Alvear, abogado de Alexis M., quien aseguró que Camacho y la fiscal Salazar no son competentes para continuar al frente del caso porque han sido recusadas.

Criterio que también fue expuesto por Fausto Jarrín, abogado de Rafael C., quien agregó que la instrucción fiscal en este caso ha durado más de 140 días, cuando el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que no puede ser mayor de 120 días. Además, sobre el concurso real de infracciones por los que se pretende juzgar a los procesados, no se han precisado fechas. “Estamos en indefensión”, sostuvo.

Harrison Salcedo, abogado de Jorge G., sostuvo que la jueza Camacho no es competente, porque ella fue parte del Tribunal Penal que ratificó la sentencia contra su cliente, en el caso Odebrecht.

Consideró que con ello adelantó criterio y hay un doble juzgamiento porque a Jorge G. en el caso Sobornos se lo juzga con los mismos argumentos, los mismos testimonios, el mismo delito (asociación ilícita), que en el caso Odebrecht.

Estos abogados pidieron la nulidad del proceso desde la parte en que se formularon cargos a los procesados. Advirtieron que lo actuado en la audiencia que se cumplió este jueves 17 de octubre de 2019 a doble jornada y que seguía hasta el cierre de esta edición podría ser anulado, cuando le notifiquen la recusación a la jueza.

Según la Fiscalía, entre 2012 y 2016, empresas que tenían contratos con el Estado supuestamente entregaron aportes al Movimiento Alianza PAIS, en el anterior gobierno, a cambio de asegurarse contratos. (I)

Lectura estimada:
Contiene: palabras
Visitas:
Enlace corto: