Caso Mazoyer: Tribunal negó recursos de nulidad a 2 médicos de clínica privada

20 de agosto de 2014 - 16:08
Emiliano Donoso (centro), abogado de Bernard Mazoyer (padre de la joven fallecida), dialoga con el fiscal Fabián Almeida (der.). Foto: Miguel Jiménez / EL TELÉGRAFO

Por unanimidad, el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha rechazó los recursos de nulidad y de apelación solicitados por Francisco L. y Carlos L., médicos de una clínica privada, en donde falleció la ciudadana francesa Charlotte Mazoyer.

Familiares de la extranjera iniciaron un juicio en contra de los 2 médicos por presunta falta de atención oportuna. En primera instancia, el Tribunal Sexto de lo Penal de Pichincha impuso una indemnización de $ 750.000 para la clínica, el cirujano y el exgerente de la casa de salud, además de prisión de 12 meses para los galenos.

Juan Ospina, abogado de Francisco L., argumentó que en la sentencia se procesó a la casa hospitalaria "por lo que no le corresponde a su defendido acogerse a dicha sentencia".

No obstante, el Tribunal -conformado por Miguel Ximénez, Anacélida Burbano y Javier Barragán- confirmaron la resolución y reiteraron que el proceso no se siguió en contra de la persona jurídica (clínica), por lo que procede la sentencia dictaminada por el Tribunal Sexto.

Ramiro García, abogado del cirujano Carlos L., reiteró que en el juicio se sentenció al médico porque, supuestamente, no atendió de forma oportuna a la joven. No obstante, dijo, su defendido realizó una intervención que duró 3 horas y media.

"El doctor no tiene nada que ver en el tema administrativo. Él solo se preocupó de atender a la joven", señaló.

Estos argumentos no fueron suficientes para los magistrados por lo que ratificaron la condena emitida por al Tribunal Sexto. Los miembros de la Sala agregaron que en la motivación de la resolución se pronunciarán si se ratifican o no en el valor de la indemnizacion.

El 12 de septiembre de 2009, Mazoyer fue interceptada por tres delincuentes, quienes le dispararon en el pecho, cuando se dirigía a su casa, en Guápulo (nororiente de Quito). Inmediatamente fue traslada a una clínica privada. Según la Fiscalía, personal administrativo habría exigido una tarjeta de crédito, antes de darle atención médica.

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