En caso exmilitar han caído dos magistrados

- 19 de diciembre de 2018 - 00:00
En el sector la Y, entre Santa Bárbara y El Carmelo, en Sucumbíos, fueron detenidos dos militares y droga camuflada en electrodomésticos.
Foto: Archivo / El Telégrafo

Otra jueza es investigada por disponer la prelibertad de Telmo Castro. Este miércoles 19 de diciembre serán recibidos en la Asamblea el ministro Jarrín y el comandante del Ejército.

Los magistrados de la Corte Provincial de Sucumbíos, Nicolás Zambrano Lozano y Leonardo Ordóñez Piña, fueron cesados en marzo de 2012 por el Consejo de la Judicatura en Transición, por emitir la libertad condicional del procesado Cristian Ricardo Suquisupa Rosero, amigo y chofer del excapitán Telmo Castro Donoso.  

El 1 de octubre de 2009, a las 23:30, Suquisupa manejaba un auto, color rojo, marca Toyota, de propiedad de Andrea Palacios, con dirección Lago Agrio-Quito. Con él viajaban el militar Castro Donoso y Jorge Mario Olmedo.

A la altura del km 64 se percataron de un control policial, por tanto intentaron girar, pero los gendarmes los detuvieron en el km 81, al igual que al furgón con el logotipo militar que iba delante de ellos. Los policías pensaron que lo iban custodiando.

Cuando requisaron el auto hallaron tres armas de fuego, por lo que fueron apresados. Un can detectó en las paredes del camión 492 kilos de cocaína ocultos.

Según la Policía, Suquisupa intentó escaparse, pero fue aprehendido.

Tras este operativo, el juez Primero de Garantías Penales de Sucumbíos dispuso el allanamiento de la finca Delia, ubicada en el km 7 de la vía Durán-Tambo, donde hallaron 334 paquetes de alcaloide.

Una vez que el juez inició la acción penal y procesó a los detenidos por el presunto delito de tenencia ilegal de drogas, les dictó prisión preventiva.  

El 7 de octubre de 2009, los imputados Cristian Suquisupa y Telmo Castro presentaron una apelación a la prisión preventiva. El 14 de octubre del mismo año, los magistrados de la Sala Única de la Corte de Justicia de Sucumbíos, conocieron el recurso.

Zambrano y Ordóñez rechazaron la apelación de Castro y acogieron la de Suquisupa, a quien sustituyeron la medida cautelar. El procesado huyó y no se presentó a juicio.

Por esta acción judicial, el 2 de noviembre de 2009, el coronel Juan Carlos Rueda Montenegro, jefe de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, presentó una queja en contra de ambos magistrados de Sucumbíos.

El 28 de enero de 2010, Control Disciplinario entregó el informe al pleno del Consejo de la Judicatura.

El 7 de julio de 2010, el Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos sentenció a dos años de prisión en el grado de encubridores a Castro y Olmedo, por el delito de tenencia de drogas.

El 10 de marzo de 2011 se inició un sumario administrativo en contra de ambos administradores de justicia. En 2012, la judicatura destituye a los dos magistrados por manifiesta negligencia o error inexcusable. Además dispuso que la Fiscalía investigue la actuación de malos funcionarios.

Jarrín va a Asamblea

La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea analizará este miércoles 19 de diciembre la supuesta implicación de militares ecuatorianos con miembros del cartel de Sinaloa.

Por ello, comparecerán a las 15:30 el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín; el comandante general de las FF.AA., Roque Moreira; el comandante del Ejército, Javier Pérez; el excomandante Ernesto González; y el presidente de la Judicatura. (I)

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Castro debe presentarse ante juez el 21 de diciembre

El excapitán del Ejército Telmo Remigio Castro Donoso se presenta todos los viernes cada 15 días en la Unidad Penal N°2 del complejo Judicial Albán Borja. La última vez lo hizo el 7 de diciembre.

Así lo confirmaron la mañana de este martes 18 de diciembre los servidores judiciales. “Si no lo hace se dictará la respectiva boleta de encarcelación”, indicaron.

Castro Donoso se benefició del régimen de la prelibertad por decisión de la jueza de Garantías Penales, Andrea Moreno Silva, quien ahora es investigada.

El lunes 17 de diciembre, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) solicitó a la dirección provincial de Guayas que inicie una investigación disciplinaria en contra de la jueza por presuntas irregularidades.

Los cuestionamientos se presentaron porque entre los requisitos para acogerse a la prelibertad el interno debe estar en régimen de mínima seguridad y Castro se encontraba en un pabellón de máxima seguridad, al momento de la solicitud.

Además, debía cumplir el 60% de la pena -al momento de la solicitud llevaba cumplido el 40%- y contar con un informe de la comisión de Beneficios Penitenciarios -el cual no existe-.

La resolución de la jueza también levanta sospechas, pues fue emitida cinco días después de la solicitud de prelibertad, mientras que hay personas privadas de la libertad que esperan meses por el mismo beneficio.

Según indica la medida cautelar, Castro debería presentarse en la Unidad Judicial norte el próximo sábado 22 de diciembre; sin embargo, deberá hacerlo un día antes porque la orden indica que debe comparecer los días viernes.

El pleno del CJ conminó a la Dirección General de la institución que solicite a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) un informe sobre el patrimonio de la jueza, y se continúe el trámite según la normativa y el debido proceso.

También dispuso a las direcciones de Estadísticas y Gestión Procesal que realicen un informe sobre las medidas de prelibertad otorgadas desde 2017 hasta la fecha. (I)

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