Nuevo proceso legal se inicia contra “Capaya” por el caso Petroecuador

- 11 de abril de 2019 - 00:00
El fiscal del caso, Juan Carlos Zúñiga (derecha y con lentes) momentos antes de la audiencia de formulación de cargos contra los investigados.
Foto: Patricio González / EL TELÉGRAFO

La jueza de garantías penales, Ana Lucía Cevallos, dispuso el inicio de la instrucción fiscal de 90 días para que, en este tiempo, la Fiscalía continúe con la investigación de un presunto tráfico de influencias en la Refinería de Esmeraldas.

En este caso, que se deriva de la trama de corrupción de Petroecuador, se investiga a Carlos P. Y. (“Capaya”), Diego R., Samuel V., Carlos Q., Marcelo C., Franklin S. y Diego T., todos exfuncionarios y funcionarios de la estatal petrolera.

En la audiencia de formulación de cargos realizada ayer en el Complejo Judicial Norte de Quito, el fiscal Juan Carlos Zúñiga acusó del presunto cometimiento del delito a todos, excepto a Diego T., sobre quien dijo que todavía hay diligencias pendientes.

En su argumentación y luego de presentar alrededor de 25 elementos de convicción, el Fiscal solicitó prisión para “Capaya”.

Para los cinco restantes,  pidió la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la autoridad competente.

La jueza acogió el pedido y dispuso, además, la prohibición de enajenar bienes para los involucrados en este caso.

Por pedido de los abogados de los procesados, la presentación cada ocho días ante la autoridad competente será en los sitios de residencia (cuatro en Esmeraldas y uno en Guayas).

Miguel Revelo, abogado de Carlos P.Y., cuestionó la nueva orden de prisión preventiva contra su defendido, ya que no es “lógico” ni posible que a un privado de la libertad se le disponga una orden de prisión.

Fiscalía acusa a los seis vinculados de haber participado en la entrega irregular, entre 2014 y 2015, de tres contratos principales y complementarios que estaban relacionados con la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.

La investigación de esta causa se inició hace más de un año a partir de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal, recordó Zúñiga, al señalar que todavía no se ha establecido monto de perjuicio causado. (I)  

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