Fueron 774 días los que el ex asambleísta alterno por el Partido Sociedad Patriótica, Fernando Marcelo Balda Flores, estuvo prófugo de la justicia, luego de que el juez Primero de Garantías Penales de Guayas, Ángel Rubio Game, oficiara a la Policía su localización y captura.

El objetivo es que cumpla la pena de 2 años de prisión que le fue impuesta en la sentencia, que dictó dentro del juicio de acción privada, que por el delito de injuria no calumniosa grave inició el ex administrador de Seguros Sucre, Óscar Herrera Gilbert.

La sentencia fue dictada el 2 de marzo de 2010, un año después de que fuera calificada la querella en la que el ex funcionario acusaba a Balda por declaraciones vertidas, el 3 de diciembre de 2008, en el programa “Contacto Directo”.

En ese espacio de noticias y entrevistas, el militante de Sociedad Patriótica dijo que en la administración de Herrera se cometieron supuestos delitos de arrogación de funciones, tráfico de influencias, se habrían amañado los procesos de seguros y que había en el interior del organismo una “mafia” liderada por el actor judicial.

Tres días después de notificada la sentencia, la defensa de Balda interpuso un recurso de apelación en la Segunda Sala de lo Penal del Guayas, que fue declarada abandonada por el recurrente. Con esa decisión se ratificó la primera sentencia, por lo que el expediente, compuesto por 187 fojas, regresó el 25 de agosto de 2010 al juzgado de primera instancia, cuyo titular dispuso un día después que se ejecutoríe el primer fallo.

En otros casos, en el sitio web de la Función Judicial-Guayas consta que Balda registra seis causas por diversos temas, como un verbal sumario interpuesto en 2003 ante el Juzgado Tercero de Inquilinato, por Piedad Luisa Ormeño de Álvarez; un juicio de alimentos en el Juzgado Tercero de la Niñez y Adolescencia, iniciado por Irma del Rosario Bohórquez Sánchez; uno por tenencia ilegal de armas y estafa, y otras defraudaciones.

En la  jurisdicción de Pichincha, el panorama es similar. Balda está encausado por el presunto delito contra la seguridad del Estado -presunto espionaje- que actualmente se ventila en el Sexto Tribunal de Garantías Penales, luego de que la Tercera Sala de lo Penal negara un recurso de apelación. Este caso está paralizado hasta que el procesado se presente en el tribunal que lleva la causa penal abierta.

Asimismo, consta otro juicio por injurias contra Juan de Dios Parra Sepulveda, que fue presentado en el Juzgado Décimo Cuarto de Garantías Penales en 2009. Sin embargo, la causa fue declarada abandonada en julio de 2012.

Mientras tanto, Carlos Rubio, abogado defensor de Balda, indicó que su cliente se acogerá al derecho a la prescripción de la pena, puesto que, según señaló, han transcurrido más de 2 años desde que fue notificada la sentencia. “En la acción penal en contra de Balda está prescrita su pena.

La condena impuesta por el juez de Garantías Penales ya prescribió de conformidad con el Art. 101, en concordancia con el Art. 107, del Código Penal, por consiguiente es extemporánea la petición de que él cumpla una pena”, sostuvo. La norma narra que iniciada la acción y citado el querellado la prescripción “se producirá transcurridos dos años a partir de la fecha de la citación de la querella”. 

Fernando Aguirre, asambleísta de Sociedad Patriótica, aseguró que todo se trata de una “persecución política”, que responde a que el ex legislador “hizo muchas denuncias importantes de presumibles actos de corrupción”.

El canciller Ricardo Patiño negó estas acusaciones. “Nosotros no tenemos que perseguir a una persona, seguramente está perseguido por su conciencia, me da lástima de una persona de la que solamente se escuchan insultos a todo el mundo de toda calaña”, manifestó.

El ministro añadió que el mismo Balda “sacando pecho” informó que se encontraba en Colombia. “De tal manera que sabíamos que estaba allá. Es muy posible que nosotros hayamos mandado una nota, como se lo hace en un trámite regular, de una persona que tiene una orden de captura y entiendo que estaba en la lista roja de la Interpol. (...) Esa es la información que seguramente nosotros enviamos a Colombia para dar a conocer del particular”, recalcó.