Acusado de terrorismo en Bolivia denuncia maltratos

21 de junio de 2013 - 00:00

El húngaro Elöd Tóásó denunció ante un juez boliviano la violación de sus derechos fundamentales cuando fue detenido en 2009, acusado junto a otras 38 personas por un supuesto complot contra el presidente Evo Morales y un presunto intento de dividir territorialmente Bolivia.

Tóásó dio su testimonio sobre la forma en que sus “derechos fundamentales" fueron violados tras su captura hace cuatro años en la ciudad oriental de Santa Cruz, informó su abogado defensor Sergio Rivera.

El húngaro es uno de los dos sobrevivientes de un operativo policial realizado en Santa Cruz en abril de 2009, en el que murieron el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Árpád Magyarosi.

Los tres, Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic, que también sobrevivió al operativo, fueron acusados por el Gobierno de Morales de ser parte de una supuesta trama para asesinar al gobernante y lograr la secesión territorial de Santa Cruz, motor económico del país.

Tóásó es uno de los dos sobrevivientes de un operativo policial en el que murieron tres personasSegún Rivera, Tóásó aseguró haber sufrido torturas a manos de las fuerzas de seguridad y se quejó de que no se le proporcionó oportunamente un intérprete profesional que le asista en sus primeras declaraciones ante la Fiscalía, pues no hablaba español.

También denunció que  estuvo aislado ilegalmente durante 7 días, cuando las normas bolivianas establecen que un detenido no puede permanecer incomunicado por más de 24 horas, salvo por orden de un juez, lo que no sucedió en su caso.

El húngaro recordó, además, que ha denunciado al Gobierno boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las irregularidades durante la investigación del caso.

El Gobierno húngaro ha manifestado su preocupación por la situación de Tóásó porque la legislación boliviana establece un plazo máximo de tres años para que una persona sea sentenciada, pero en este caso se han cumplido ya cuatro años sin sentencia. El Gobierno boliviano no ha dado respuestas.

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