Los dirigentes del  Colegio de Abogados del Guayas (CAG) mantienen firme su postura frente a lo que, según el presidente encargado del gremio, Juan Vizueta, califican como una medida  prepotente y arbitraria.

El dirigente gremial indicó que hasta  al ciudadano común  se le  garantiza  la seguridad jurídica en la Ley de Inquilinato,  en la que en el artículo 33 señala de manera específica  que el arrendador tiene al menos 90 días para retirar sus enseres y trasladarlos a una nueva morada digna y humana.

Javier Cevallos, miembro del CAG, informó que sigue en pie la decisión de trasladarse hasta el parque Centenario y   un espacio de este convertirlo en la sede provisional.

Por otro lado, varios abogados en  el libre ejercicio, como Jenny Unamuno y Graciela Jurado, denunciaron que el CAG tuvo hasta hace aproximadamente 8 años  una sede propia, que estaba ubicada en las calles Ximena y Quisquís, edificio que fue vendido, inexplicablemente, por administradores anteriores.

Posteriormente, el gremio de abogados adquirió 3 hectáreas de terreno en la vía a Samborondón, donde, por autogestión de los socios, compraron 2 hectáreas más y construyeron un club familiar.

Los juristas  demandaron cuentas claras por parte de los dirigentes, ya que al ser uno de los primeros colegiados del país  -con tantos años- no poseen bienes propios.

Mientras tanto, hasta ayer las dependencias, situadas en el tercer piso del Palacio de Justicia, continuaban sin el servicio de energía eléctrica por lo que los socios colocaron   velas encendidas   en el piso.

Alrededor de las 10:00, varios ex presidentes del CAG, como Nicolás Castro Benítez, Walter Freire Chávez y Felipe Mantilla, entre otros miembros del directorio y decenas de socios, se reunieron en el auditorio de la sede para analizar la orden del  desalojo.

El gremio, que rechaza la orden dada por el decreto ejecutivo,   sostiene que  se trata de una retaliación política  y que no se justifica por ningún motivo y   ningún argumento el desalojo.