El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos iniciará desde hoy pruebas de concepto que presentarán las 8 empresas que se inscribieron para proveer la tecnología de aplicación de uso de dispositivos electrónicos, que serán colocados a procesados como una alternativa a la prisión preventiva.

Los productos que ofrecen las compañías serán evaluados por una comisión técnica del Ministerio de Justicia que verificará la propuesta tecnológica para la aplicación del proyecto.

A los oferentes que cumplan satisfactoriamente con la etapa técnica se les solicitará una propuesta económica.

Estas pruebas se efectuarán durante 15 días, en las que se probará el funcionamiento de los aparatos de acuerdo con los diferentes tipos de escenarios.

La ministra de Justicia (e), Alexandra Jaramillo, indicó que los dispositivos se utilizarán especialmente en casos de contravenciones, violencia intrafamiliar y arrestos domiciliarios.

Además, garantizarán la vigilancia de las personas, del espacio exterior y domicilio con GPS o plataformas tecnológicas que puedan hacer esta clase de seguimiento permanentemente.

Una comisión técnica verificará que los dispositivos puedan operar integralmente con capacidad para funcionar de forma ininterrumpida las 24 horas del día todo el año y que  garanticen de manera continua la ubicación de las personas vigiladas en el territorio nacional.

La plataforma físicamente estará alojada en el ECU-911 y será accesible desde las consolas de monitoreo en el país.

La viceministra de Justicia, Carla Benítez, explicó que para casos de violencia intrafamiliar está previsto que este dispositivo, dependiendo de la decisión judicial, pueda ser colocado al agresor para garantizar el alejamiento de la víctima, la cual igualmente podrá tener un aparato en caso de emergencia.

Por estos motivos, los artefactos  deberán contar con capacidad de comunicación de 2 vías con métodos obligatorios de comunicación de voz y datos para enviar y recibir información, de manera que permita el contacto con la persona vigilada o la víctima para enviar y recibir notificaciones importantes o urgentes, indicó Benítez.

A su vez, los equipos deberán ser aptos para portarse todo el tiempo y que tengan protección contra el polvo y el agua.

Entre los requerimientos técnicos exigidos por el Ministerio de Justicia constan que la plataforma debe permitir el control simultáneo de al menos 10.000 dispositivos de vigilancia.

También registrar y almacenar los datos, alarmas y eventos en el sistema para el período de 5 años, dependiendo de la normativa vigente; el sistema debe ser desarrollado como una aplicación web, utilizando el protocolo https, para fines de comunicación y seguridad.

Una vez que terminen las pruebas se escogerán las empresas que cumplen con los requerimientos, las cuales enviarán su propuesta económica que será analizada por la comisión hasta finales de marzo.

Benítez indicó que en una primera fase se adquirirán 500 dispositivos electrónicos, con lo que se iniciará la etapa de colocación, lo que se coordinará con los operadores de justicia.

El penalista Emiliano Donoso opinó que esta es una adecuada medida  que beneficiará,  por ejemplo, a personas en casos de alimentos. “Colocar un dispositivo de vigilancia es una alternativa que ayudará a descongestionar las cárceles”. Igual en el caso del arresto domiciliario estos aparatos reemplazarán a los policías que usualmente tienen que vigilar a estas personas. (I)