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La causa se resolvió con procedimiento abreviado

6 personas recibieron sentencia tras admitir delito

Los condenados fueron investigados por la clonación de tarjetas de  crédito y débito, a través de equipos tecnológicos. Foto: Archivo / El Telégrafo
Los condenados fueron investigados por la clonación de tarjetas de crédito y débito, a través de equipos tecnológicos. Foto: Archivo / El Telégrafo
20 de agosto de 2014 - 00:00 - Redacción Justicia

Una causa penal por asociación ilícita se resolvió mediante procedimiento abreviado en Pichincha y como resultado 6 extranjeros fueron condenados a un año de privación de libertad.   

Este recurso tiene como finalidad acelerar la administración de justicia, dentro de la cual el agente fiscal sugiere a los procesados admitir el cometimiento del delito, a cambio de solicitar al juez una pena no tan drástica.

La diligencia tuvo lugar en el Juzgado Séptimo de Garantías Penales de Pichincha, donde la Fiscalía solicitó dicha condena para las personas que fueron detenidas. Una vez que el juez Pedro Troya confirmó que los procesados llegaron a un entendimiento con el fiscal, aceptó el recurso e impuso la condena acordada.

Los extranjeros fueron aprehendidos el pasado 14 de marzo, cuando tenían en su poder cientos de tarjetas de crédito clonadas, dinero en efectivo, minicámaras, laptops, impresoras, plastificadoras y dispositivos magnéticos durante el operativo ‘Skimmer’.

La Policía Nacional y la Fiscalía efectuaron investigaciones durante 2 meses, debido a que tenían indicios de que la banda operaba desde el 2010, tanto en Quito como en otras ciudades, y que además cometían las actividades ilícitas en países vecinos.

Según las investigaciones policiales, los  procesados, que fueron condenados, manipulaban los cajeros con mayor afluencia de usuarios, a través de la instalación de skimmers (clonadores de tarjeta), teclados falsos y sistema informático.

El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 635 establece la aplicación del procedimiento abreviado cuando se cometen infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de hasta 10 años.

También dispone que el fiscal pueda solicitar el recurso desde la audiencia de formulación de cargos hasta la de evaluación y preparatoria de juicio. Si el juez acepta debe convocar a las partes en las próximas 24 horas.

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