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Ecuador, 29 de Marzo de 2024
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El Telégrafo
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Según el Ministerio de Justicia, para el perfeccionamiento del documento se receptaron las propuestas de la comunidad LGBTI

4 leyes aportan a la lucha contra la tortura

En los 3 centros de rehabilitación social y regionales del país, los privados de la libertad cuentan con educación, oportunidades laborales y atención en salud.
En los 3 centros de rehabilitación social y regionales del país, los privados de la libertad cuentan con educación, oportunidades laborales y atención en salud.
FOTO: Archivo / El Telégrafo
09 de diciembre de 2016 - 00:00 - Redacción Justicia

En 2011 se creó el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura, herramienta para verificar el respeto a los derechos humanos en los centros de rehabilitación social del país. Esta fue una de las acciones que destacó en su VII informe el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que también presentó observaciones y recomendaciones.

El documento destaca la promulgación de cuatro leyes que aportan a la lucha contra la tortura, así menciona la aplicación del Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto de 2014 y que tipifica y sanciona los tratos crueles y degradantes y que además constituye un paso importante para garantizar el derecho a la vida y a la seguridad ciudadana, así como la eficiencia en la administración de justicia, para la lucha contra la impunidad.

También se refiere a la aprobación de la Ley para la Reparación de Víctimas y la judicialización de graves violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad ocurridos en Ecuador entre el 4 de diciembre de 1983 y 31 de diciembre de 2008, tras la creación de la Comisión de la Verdad, en 2007, iniciativa que permitió judicializar casos de violaciones de derechos, además de alcanzar diez acuerdos reparatorios. Esta ley exclusiva también apoyó en el ámbito económico, educativo, judicial, de salud y vivienda a los familiares de las víctimas. El programa de reparación ampara a 328 personas.

El documento señala como un avance el Protocolo de Atención a la población LGBTI. Esta herramienta orienta a los servidores del Sistema Nacional de Rehabilitación Social para que garanticen el ejercicio de los derechos de este sector de la sociedad, en el marco de la normativa constitucional y legal vigente.

El trato que las autoridades y personal de custodia dan a los privados de la libertad garantiza su integridad personal y asegura condiciones básicas para su desarrollo integral y de rehabilitación social.

También, entre los aspectos positivos, puntualiza la incorporación de los internos en el campo laboral en los centros de rehabilitación del país y la gestión interinstitucional con el Ministerio de Salud para la atención médica de los presos.

La cuarta acción destacable es la actualización del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género en niñas, niños, adolescentes y mujeres, vigente desde 2007, y el Pacto Nacional de Erradicación de la Violencia suscrito en 2014, que permitieron juntar a diferentes entidades del Estado para trabajar en temas de prevención.

Además, con organizaciones civiles se conformó la Red de Atención a Víctimas de Violencia de Género que brinda atención en Casas de Acogida y Centros de Atención que tienen 41 equipos de profesionales en el área legal, psicológica y social.

Mark Thomson, secretario general de la Asociación para la Prevención de la Tortura, en una entrevista con la revista Justicia & Derechos, dice que le parece positivo que el Estado reforme la justicia, leyes e instituciones. “Es importante reconocer que hay la voluntad de cambiar y, así, la sociedad civil puede trabajar con el Gobierno e instancias nacionales para cambiar la justicia y que todos tengan acceso a ella”. (I)

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