La justicia argentina concendió arresto domiciliario a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión fue tomada tras una serie de debates entre la defensa y la Fiscalía, y se fundamenta principalmente en la edad de la exmandataria, quien tiene 72 años, y en su condición de exjefa de Estado.

La defensa sostuvo que Fernández no debía ser enviada a una cárcel común, argumentando riesgos para su integridad física, especialmente tras el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022. También consideró innecesario el uso de una tobillera electrónica, al considerar que la figura de la expresidenta no representa un riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso judicial.

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Sin embargo, el Ministerio Público se opuso a la solicitud. Los fiscales a cargo del caso indicaron que la prisión domiciliaria no es un derecho automático, sino una medida excepcional que debe ser debidamente justificada. Alegaron que en este caso no se cumplían las condiciones humanitarias necesarias para aplicar esa modalidad.

La Fiscalía también expresó preocupación por el lugar elegido para cumplir la pena.Según el dictamen, ese domicilio presenta complicaciones por la alta concentración de personas y por razones de seguridad.

Pese a estos reparos, el tribunal resolvió finalmente permitir que la exmandataria cumpla su condena de seis años bajo arresto domiciliario, una decisión que se oficializa justo un día antes del 18 de junio, fecha que Fernández había fijado públicamente para ponerse a disposición de la Justicia.

Cristina Fernández fue condenada, además, a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de forma indefinida.

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