El gobierno de Daniel Ortega inició la juramentación de miles de civiles como parte de un nuevo cuerpo denominado "policía voluntaria", creado a través de una controvertida reforma constitucional.

Aunque el cambio aún no entra en vigor oficialmente, unos 2.500 civiles, vestidos de blanco y negro y con rostros cubiertos, fueron juramentados en las provincias de Estelí y Madriz.

Este grupo, descrito como "cuerpo auxiliar" de las fuerzas de seguridad, son señalado por la oposición y organismos de derechos humanos como un intento de legalizar a paramilitares.

La medida revive el recuerdo de las protestas de 2018, cuando encapuchados armados respaldaron al gobierno contra manifestantes, resultando en más de 300 muertos según la ONU.

El jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, calificó a los nuevos policías voluntarios como "defensores de la revolución y la paz".

Sin embargo, desde el exilio, figuras como la escritora Gioconda Belli y medios como Confidencial denunciaron la acción como una estrategia para consolidar un "ejército represivo" sin ley.

Además, la reforma constitucional, que también amplía el mandato presidencial y eleva el rango de Rosario Murilloa "copresidenta", refuerza el control del Frente Sandinista en el poder.

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