La justicia de El Salvador impuso condenas de hasta más de mil años de prisión contra miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), en uno de los fallos más severos registrados en el país desde el inicio de la ofensiva gubernamental contra las pandillas. La Fiscalía informó que 248 pandilleros fueron sentenciados por homicidios, desapariciones forzadas, extorsión y otros delitos graves.

Según el reporte oficial difundido el domingo 21 de diciembre de 2025, las condenas corresponden a crímenes cometidos entre 2014 y 2022, periodo en el que la estructura criminal operó principalmente en la provincia de La Libertad, donde establecieron bases para planificar asesinatos, desapariciones y extorsiones.

Entre los sentenciados, uno de los cabecillas, catalogado como terrorista por Estados Unidos, recibió una pena de 1 335 años de cárcel. Otros diez pandilleros fueron condenados a penas que oscilan entre 463 y 958 años de prisión. De acuerdo con la Fiscalía, las sentencias incluyen la responsabilidad en 43 homicidios y 42 desapariciones, además de extorsión a comerciantes y tráfico de drogas. Entre las víctimas figuran un estudiante universitario y un futbolista.

Estas condenas se producen en el marco del régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, que permite arrestos sin orden judicial y ha derivado en la detención de más de 90 000 personas, de las cuales alrededor de 8 000 han sido liberadas tras comprobarse su inocencia, según cifras oficiales.

Aunque la estrategia ha logrado reducir los homicidios a niveles históricamente bajos, organizaciones de derechos humanos han denunciado falta de transparencia y violaciones al debido proceso. Samuel Ramírez, representante de un movimiento de familiares de detenidos, señaló que si bien apoya que se sancione a los delincuentes, cuestionó la legalidad de algunos procesos judiciales y calificó las penas extremas como parte de una estrategia política.

Desde 2022, al menos 454 personas han muerto en cárceles salvadoreñas, según organizaciones no gubernamentales. Pese a las críticas, el modelo de seguridad impulsado por Bukele ha despertado el interés de otros países de la región. Recientemente, el mandatario acordó compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien analiza la construcción de una prisión similar al Cecot, la megacárcel que se ha convertido en símbolo del combate a las pandillas en El Salvador.