Nayib Bukele expone y cuestiona a miembros de pandillas de El Salvador
El Salvador vive uno de los procesos judiciales más grandes de su historia reciente. Más de 220 integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) comparecen en un juicio masivo que se desarrolla en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en medio de fuertes medidas de seguridad y bajo un modelo que ha generado debate internacional.
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Durante la cuarta jornada, realizada el 23 de abril de 2026, los acusados escucharon en silencio el testimonio de un colaborador que relató presuntos actos de tortura y asesinatos cometidos por la estructura criminal. Entre los hechos descritos, se mencionaron prácticas de violencia extrema contra víctimas, lo que marcó uno de los momentos más impactantes del proceso.
En total, 486 privados de libertad participan en este juicio —de forma presencial y virtual—, acusados de ordenar o ejecutar más de 29.000 asesinatos, incluidos 87 crímenes registrados en marzo de 2022, hechos que motivaron al Gobierno a declarar una ofensiva directa contra las pandillas.
Los procesados, muchos de ellos identificados como líderes y mandos medios, permanecen bajo estricta vigilancia, vestidos con uniforme blanco y observados a través de pantallas desde el tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
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El presidente Nayib Bukele se pronunció sobre el caso en sus redes sociales, rechazando las críticas de organizaciones de derechos humanos y algunos medios internacionales. Aseguró que los acusados no son “presuntos pandilleros”, sino responsables de delitos graves como asesinatos, secuestros, violaciones y extorsión.
“El llamado juicio masivo no trata solo de delitos individuales, sino de miles de crímenes ordenados por estas estructuras”, señaló el mandatario, quien defendió la aplicación del principio de “responsabilidad de mando”, comparando el proceso con los Juicios de Núremberg.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado estos juicios colectivos, advirtiendo que podrían vulnerar garantías procesales y derivar en la inclusión de personas inocentes. Estas medidas forman parte del estado de excepción vigente en el país, bajo el cual se han detenido a cerca de 90.000 personas sin orden judicial.
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