Lima, 29 ago (EFE).- El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder en Perú (Eficcop), unidad del Ministerio Público, justificó este viernes el allanamiento realizado esta semana al domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta peruana Dina Boluarte, y afirmó que persiguen el delito y no a personas.

"El allanamiento ha sido requerido siempre teniendo en cuenta el principio de legalidad. Es totalmente legal el requerimiento formulado por el Ministerio Público, tanto así que el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha hecho el respectivo control jurisdiccional y ha declarado fundada esta medida contra Nicanor Boluarte", expuso el fiscal Raúl Guerrero.

En la madrugada del miércoles, el Eficcop junto a la Policía Nacional realizó un allanamiento a catorce inmuebles, de ellos trece en Lima y uno en la región sureña de Ayacucho, entre los cuales se encontraba la vivienda de Nicanor Boluarte, en el residencial distrito limeño de San Borja.

La Fiscalía investiga una presunta contratación irregular de abogados de policías, cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales de la Policía Nacional y favorecimiento en beneficio de una empresa minera, entre otros actos ilícitos.

El allanamiento fue duramente criticado por la presidenta, quien acusó al Ministerio Público de querer desestabilizar el Gobierno y gobernar en la sombra, y por el propio Nicanor Boluarte, que aseguró que la Fiscalía está llevando a cabo una persecución en su contra.

Este viernes, el Eficcop ofreció una rueda de prensa para justificar esta medida y rechazar dicha persecución en contra de uno de los hermanos de la mandataria, quien desde 2024 también enfrenta otra investigación por presunta pertenencia a la red criminal denominada 'Los waikis (amigos) en la sombra', supuestamente dedicada al tráfico de influencias para nombramiento de cargos públicos.

En concreto, el Ministerio Público investiga la posible contratación de Nicanor Boluarte en la minera El Dorado por intermedio del entonces ministro del Interior Juan José Santiváñez para generar un aparente arraigo laboral que le evitara ir a prisión preventiva por la primera investigación.

"Este allanamiento se requiere porque existe presunción de que pueden existir elementos relevantes para la investigación y es así que se ha concretado el 27 de agosto de forma satisfactoria", agregó Guerrero.

Por su parte, el fiscal adjunto supremo Mirko Cano, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Corrupción, rechazó que el allanamiento, que duró diez horas, sea una medida desproporcionada.

Explicó que la investigación nació el 14 de marzo y desde entonces ha ido creciendo, puesto que han recibido declaraciones de testigos protegidos, han analizado equipos tecnológicos y conversaciones, y ha madurado hasta suscitar dicho requerimiento ante juez, que autorizó la medida.

Afirmó que el Eficcop ha actuado de manera coherente con los elementos de la investigación que quieren recabar y que el Ministerio Público no tiene nada en contra de Boluarte.

"Nosotros no investigamos personas, investigamos hechos que vinculan a personas. Y si ese hecho está vinculado a un delito, procedemos a la formulación y a realizar los requerimientos. Investigamos hechos que se nos ponen de conocimiento. Y si estos calzan dentro de un delito, conseguimos la investigación y vamos siguiendo adelante. Entonces, yo no tengo nada ni nadie de este grupo tiene nada contra el señor Nicanor”, indicó Cano.

Nueva investigación

El fiscal Carlos Ordaya, quien estuvo a cargo del allanamiento, explicó que esta nueva carpeta fiscal, que también implica al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, en su etapa como titular del Interior, tiene varios frentes.

En primer lugar, investiga presuntos favores irregulares en la Defensoría de la Policía, donde se habría beneficiado a un estudio jurídico que defendía a generales acusados por violaciones de derechos humanos y cobros indebidos de hasta 20.000 dólares a oficiales para asegurar su permanencia en cargos de confianza.

También, presupone que se dieron beneficios a la minera El Dorado, en coordinación con efectivos policiales y funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho, e investiga el delito de encubrimiento por parte de un investigado aforado para evitar que fueran incautados.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) August 29, 2025