Chicago volvió a poner en el centro del debate la seguridad pública y las políticas hacia los adolescentes luego de que la ciudad registrara la semana pasada su primer “teen takeover” del año. La concentración, ocurrida en el Loop, reunió a cientos de jóvenes en calles y aceras del centro y terminó con ocho menores arrestados y 24 citaciones por violar el toque de queda, según reportes de medios locales y de la policía.

El episodio reactivó la presión sobre el alcalde Brandon Johnson, quien en junio de 2025 vetó una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal que habría permitido a la Policía de Chicago aplicar un “snap curfew”, es decir, un toque de queda anticipado con poca antelación para dispersar grandes concentraciones de adolescentes. En ese momento, Johnson sostuvo que endurecer sanciones contra jóvenes y familias no garantizaba una ciudad más segura.

Actualmente, la normativa vigente en Chicago fija el toque de queda para menores de 12 años en 8:30 p. m. o 9:00 p. m. según el día, y para quienes tienen 12 años o más en 10:00 p. m., hasta las 6:00 a. m. del día siguiente. Además, las Escuelas Públicas de Chicago recuerdan que Millennium Park tiene una regla adicional: los menores de 18 años no pueden ingresar sin un adulto supervisor después de las 6:00 p. m. de jueves a domingo.

Tras la reciente concentración, el concejal Brian Hopkins volvió a pedir mayores facultades para imponer toques de queda preventivos. Según relató en redes y recogieron medios locales, la intervención de las autoridades a partir de las 10:00 p. m. ayudó a contener una situación que describió como fuera de control. Sin embargo, la discusión política sigue abierta, porque una propuesta revisada para ampliar esas facultades —esta vez con aviso previo de al menos 12 horas— avanzó en comité, pero se estancó en enero y, hasta inicios de marzo, seguía sin convertirse en ley.

Desde el terreno, voces comunitarias plantean una lectura más amplia del problema. La reverenda Sandie Norman, organizadora de Life Beyond Limits, dijo que muchos adolescentes aseguraron haber acudido solo para reunirse y divertirse durante las vacaciones de primavera, aunque la mezcla de grupos rivales terminó derivando en peleas y caos. En la misma línea, Meyiya Coleman, de Communities United, sostuvo que la crisis de salud mental juvenil y la falta de entornos seguros explican parte del fenómeno, y advirtió que “un toque de queda no detiene una bala”.

Otros actores insisten en una respuesta combinada. Rodney Phillips, de Metropolitan Peace Initiatives, explicó que estos encuentros suelen organizarse por redes sociales y que sus equipos trabajan junto a las fuerzas del orden para presentarse en los lugares antes de que lleguen los adolescentes, con el fin de actuar como adultos de confianza y reducir riesgos. El exsargento Andres Zayas coincidió en que el toque de queda puede servir como herramienta inmediata, pero subrayó que no resuelve el problema de fondo: la pérdida de espacios sociales y comunitarios para los jóvenes.

La oficina del alcalde defendió la respuesta desplegada en el más reciente incidente y aseguró que, con las leyes actuales, el Departamento de Policía de Chicago, junto con trabajadores de intervención comunitaria y la oficina del sheriff del condado de Cook, logró dispersar al grupo y restablecer el orden. Aun así, el nuevo episodio deja intacta la pregunta que atraviesa a la ciudad: si Chicago debe apostar por más control policial o por más inversión social y comunitaria para frenar una tendencia que se repite entre jóvenes convocados por redes sociales en espacios públicos emblemáticos.

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