El tribunal arbitral que conoce el caso iniciado en contra de la República del Ecuador, por Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company,  emitió el lunes un laudo interino con el que se declara competente para conocer las demandas planteadas por las compañías.

La defensa del Estado ecuatoriano, liderada por la Procuraduría General del Estado, objetó la jurisdicción del tribunal al argumentar que los demandantes no pueden invocar la protección del Tratado de Promoción y la Protección de Inversiones (TBI), suscrito entre Ecuador y los Estados Unidos de América, porque Texaco concluyó su inversión voluntariamente en 1992,  cinco años antes de que entrara en vigencia el acuerdo.

Además, Texaco no es la parte demandada en el proceso conocido como “juicio de Lago Agrio” y Chevron no suscribió ni es beneficiario de los acuerdos bilaterales de liberación ambiental, suscritos entre Ecuador y Texaco, que dejan a salvo los reclamos de terceros.

A través de este arbitraje, Chevron-Texaco quiere que se declare que el Estado ecuatoriano ha violado sus obligaciones bajo el TBI y, en consecuencia, que las mantenga indemnes por cualquier sentencia que se emita en su contra dentro del “juicio de Lago Agrio”, iniciado por las comunidades de la Amazonía ecuatoriana por supuestos daños ambientales.