La riqueza de Íntag en cobre y molibdeno es lo que motiva la exploración de la Empresa Nacional Minera (Enami). La alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad del cobre, por ejemplo, hacen que ese recurso sea fundamental para la fabricación de cables y otros componentes eléctricos y electrónicos.

“Tres familias de la zona se oponen a la explotación minera y el jueves intentaron impedir el ingreso de personal técnico para la toma de muestras de componentes ambientales para el Estudio de Impacto Ambiental”, según el gobernador de Imbabura, Wilmer Taboada.

El funcionario identifica “a las familias Pérez, Ramírez y Piedra como las responsables de los desmanes, pues asegura que durante años estuvieron vinculadas a ONG extranjeras que financiaban proyectos en la zona y dejarían de percibir esos ingresos una vez que arranque el proyecto Llurimagua y la comunidad empiece a desarrollarse”.

Denuncia además que dirigentes como Polivio Pérez están relacionados con grupos de oposición, entre ellos Yasunidos, pues asegura que desde la noche del jueves han llegado a la comunidad de Intag supuestamente para brindar su apoyo. Precisamente, la rueda de prensa que ese grupo ofreció ayer en Quito inició con un mensaje de solidaridad con Íntag.

En declaraciones a la prensa, Pérez sostuvo que las autoridades de la provincia y los técnicos de la Enami llegaron hasta la comunidad de Junín (paso obligado a Intag) con aproximadamente 200 policías, en una incursión que fue violenta, por lo que hubo varios detenidos.

La Gobernación lo desmiente y asegura que el ingreso fue pacífico, pues apenas 30 personas, de las 200 que allí habitan, intentaron bloquear el paso de los vehículos. Pero Taboada lamentó que se haya utilizado a mujeres con niños en brazos como escudo y aclaró que solo una menor de edad fue detenida por provocar desmanes y fue entregada a sus padres.

A través del Twitter, políticos como Martha Roldós, Alberto Acosta y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) se solidarizaron con Pérez, indicando que las acciones estatales son parte de un proceso de criminalización de la protesta social. En redes se recordó que desde abril está detenido otro de los líderes de las protestas, Javier Ramírez.

Uno 30 dirigentes sociales respaldaron el proyecto en el último evento de socialización, realizado el sábado. Margarita Espín, presidenta de la Junta Parroquial de Peñaherrera, agradeció la intervención estatal y destacó que tras décadas de abandono su comunidad es tomada en cuenta por un gobierno.

DATOS

En Intag hay 6 parroquias rurales y la mayor parte del territorio a explorar se encuentra en García Moreno.

La presidenta de la parroquia García Moreno, Gisela Morales, respalda el proyecto Llurimagua.

El gobernador de la provincia, Wilmer Taboada, asegura que personas de Loja y Zamora están llegando a Intag.

Taboada teme que se produzcan actos de violencia, pues incluso cortaron árboles para obstaculizar los caminos.