En la consulta popular de 2011 los ecuatorianos aprobaron que los dueños o accionistas de medios de  comunicación no pueden tener  negocios ajenos a esa actividad.

Para dar cumplimiento con este mandato la Superintendencia de Compañías notificó a las empresas y personas pertinentes para que en 30 días se pronuncien y presenten los descargos que crean procedentes sobre la venta de sus acciones.

La entidad manifestó que cada caso será analizado individualmente y si se comprueba el  incumplimiento se procederá con la incautación de las acciones que la persona  tenga en el medio o con la notificación a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), según corresponda.