El Ministerio de Relaciones Laborales declaró ayer   desierta   la subasta de 8.151  máquinas tragamonedas incautadas en los operativos realizados por el Ejecutivo, una vez que el pasado 7 de mayo los guayaquileños se pronunciaron de que   se prohíba  el funcionamiento de locales con juegos de azar.

Del total de artefactos incautados, más de 6.000 se iban a subastar en el puerto principal con el objetivo de recaudar fondos para cancelar las indemnizaciones de los empleados de los casino y salas de juego.

No obstante, en rueda de prensa, el viceministro de Relaciones Laborales, Francisco Vaca, informó que no hubo interesados en la subasta al martillo, emprendido por la cartera de Estado, por lo que no se concretó ninguna compra. El funcionario explicó que de los 12 lotes de las máquinas tragamonedas, 10 quedaron excluidos, porque se comprobó que los propietarios de los locales cancelaron las indemnizaciones a sus empleados.

Vaca indicó que no se descarta  demandas en contra de los empresarios  que no paguen a sus ex trabajadores. De la misma manera, se analiza la chatarrización de los tragamonedas que no se puedan vender.

Los dirigentes laborales presentes en la subasta indicaron que esperan que sea el Estado  el que cancele las indemnizaciones de cerca de 1.500 trabajadores, que salieron de sus puestos, en el caso de que no  lleguen a vender las máquinas.