Para este miércoles 25 de mayo, se prevé la instalación del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Regional para analizar y definir las soluciones integrales para las poblaciones de las provincias de Tungurahua y Chimborazo, las más afectadas por la actividad del volcán Tungurahua.

En entrevistas concedidas a medios radiales de Guayaquil, la secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, sostuvo que evaluará la salida definitiva de las familias asentadas en las zonas vulnerables y de riesgo, así como las líneas económicas que se les ofrecerán. “Estamos trabajando en ambas provincias desde el punto de vista social y económico, poblaciones como Cevallos, por ejemplo, deben cambiar su actividad agrícola por la del calzado, y así”, dijo.

La funcionaria enfatizó que no se trata de imponer ningún cambio, sino que se trabajará en las soluciones en conjunto con la población, conscientes de que no es fácil el cambio cultural que se avecina.

También habló de temas similares que se trabajan transversalmente en otras zonas del país, como una regulación para prohibir los asentamientos de cualquier tipo, sea comercial o habitacional en las playas, “documento que será socializado en los próximos meses”, dijo.

En cuanto a obras de prevención, Cornejo manifestó que en Guayas y en Los Ríos se está trabajando en tener canales y compuertas necesarias para el manejo del agua, en caso de presentarse un déficit hídrico (…) “esta tarea no debería ser de la Secretaría, porque somos el ente rector, los que damos las políticas y apoyamos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) con financiamiento”.

Anunció, asimismo, la creación de una política de gestión de riesgos y educación, para “evitar que futuras generaciones hereden un país caótico para el cambio climático que se avecina”.

En otro tema, la Secretaría de Riesgos se refirió a la minería ilegal, a propósito del Estado de Excepción declarado por el Ejecutivo en las poblaciones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas. “Pese a que no estar involucrados entre los ministerios responsables que detalla el decreto ejecutivo No. 783, hicimos un análisis y trabajamos con la Defensoría Pública de Esmeraldas, dando las indicaciones de cuáles son los riesgos que implica este tipo de minería”, aseguró la funcionaria.

Recordó que en la provincia de El Oro tenemos una regulación de previsión porque las minerías no se encontraban en el marco legal. “La ciudadanía no acata el orden público y causa un daño mayor al resto de la población, hay que tomar otro tipo de medidas y esto es lo que se ha hecho en El Oro y en Esmeraldas. Como Estado no podemos permitir que se afecte a la población”.

Finalmente, advirtió sobre las consecuencias que puede causar esta actividad, como por ejemplo la contaminación de ríos, que desemboca en problemas de degeneración genética para las futuras madres y padres del país, debido a los efectos de los metales pesados producto de la minería ilegal./Secretaría Nacional de Gestión Riesgos