A través de una carta dirigida al titular de la Legislatura, Fernando Cordero, el presidente Rafael Correa cuestionó “el abuso en el ejercicio de la facultad fiscalizadora” cometido por ciertos asambleístas.

En el documento, emitido el viernes pasado, el Mandatario recuerda que la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) establece que no son los asambleístas por sí solos sino la Asamblea  la que  tiene la atribución de fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social.

También aclaró que los pedidos de información requieren de la ineludible participación del titular del Legislativo, quien por mandato constitucional debe canalizar los requerimientos de los asambleístas.

Rechazó que, a pretexto de fiscalizar, se pretenda que los secretarios de Estado transgredan principios jurídicos y normas legales que están obligados a preservar. Como ejemplo citó un cuestionario de 120 preguntas enviadas por el legislador Kléver García, de Sociedad Patriótica, al ministro de Deportes, Francisco Cevallos, para que sea atendido en el plazo de 15 días.

“Algunos asambleístas solicitan al Ejecutivo información sobre niños y adolescentes que no puede  trascender, porque ellos representan el interés superior del Estado. También se requieren a los ministros opiniones personales o que respondan preguntas propias de un interrogatorio en lugar de demandarse información”, reza la carta.

El asambleísta de Alianza PAIS, Christian Viteri, quien integra la Comisión de Fiscalización, considera que la observación es pertinente porque ya se ha evidenciado que varios  legisladores solicitan  la misma información que  corre el riesgo de  ser tergiversada, lo que no tiene ningún sentido. 

Leonardo Viteri, ex PSC, no está de acuerdo con la objeción presidencial, pues asegura que tramitar sus pedidos a través de Cordero sería un proceso engorroso y quitaría tiempo a las investigaciones.