Con dos de sus tres integrantes, el Consejo de la Judicatura de Transición (CJT) inició ayer funciones, aunque el plazo de 180 días para reestructurar el sistema de justicia correrá a partir de que se integre el representante del Legislativo.

El delegado del Ejecutivo, Paulo Rodríguez, y Fernando Yávar, de la Función de Transparencia y Control Social, acudieron la mañana de ayer a las instalaciones de la Judicatura en donde asumieron los cargos. Se reunieron en forma reservada con varios funcionarios y recibieron un informe de más de 280 hojas de manos del director general del organismo judicial, Gustavo Donoso.

“Básicamente estamos acá para cumplir con el mandato ciudadano de procurar cuanto antes una transformación del sistema de justicia del Ecuador”, dijo Rodríguez, al señalar que el talento humano, el modelo de gestión, la infraestructura y la aplicación de tecnología al sistema de la Función Judicial son algunos de los aspectos en los que enfatizará la reestructuración.

De su lado, Yávar aclaró que la Fiscalía y Defensoría Pública también serán parte de la reestructuración, y recordó que el Código Orgánico de la Función Judicial establece un sistema de evaluación para todos los servidores judiciales, no solo del área penal sino también de las áreas civiles, laborales, inquilinato, niñez, administrativos, entre otras.