Los 104 policías que fueron sancionados económicamente por una mala utilización de los bienes públicos durante los hechos registrados el pasado 30 de septiembre,  tienen la posibilidad de evitar la sanción si presentan las pruebas de descargo.

Si a pesar de las pruebas persiste la sanción, pueden apelar y si continúa la medida pueden acudir a otras acciones legales, por lo que el ejecutar la multa tomará tiempo, afirmó ayer el contralor general del Estado, Carlos Pólit.

Tras señalar que la Contraloría respeta el debido proceso y por tanto los uniformados tienen la oportunidad de defenderse, dijo que igual medida se ha tomado para los militares de la FAE implicados en la toma de la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, el 30 de septiembre, en donde también registraron pérdidas económicas.

Según Pólit, si al final del proceso se ratifica las multas que van de 2.000 a 5.000 dólares, existiría la posibilidad de acceder a convenios de pago. “Hacen un convenio de pago con la institución, que está legítimamente amparado por la ley. Hay que buscar un mejor manejo de los recursos públicos”, destacó.

Además, aclaró que no está confirmado que el ex director del Hospital de la Policía, César Carrión, tenga que pagar 93.000 dólares por los daños registrados en dicha casa de salud durante la revuelta policial, debido a que no se habían asegurado los bienes.

El examen no ha sido aprobado, dijo, al señalar que solo se le envió un informe del borrador para que conozca del inconveniente y pueda presentar las pruebas de descargo.