En junio de 2011 la entonces presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Tania Arias, aceptó parcialmente una denuncia presentada por la representante del Movimiento Popular Democrático (PRE), Natasha Rojas, respecto a que en seis cantones del Ecuador hubo mala utilización de imágenes de niños, niñas y adolescentes en la campaña electoral del plebiscito de mayo.

Ante tal situación que vulneraba derechos de los menores de edad, Arias señaló que la Coalición de Organizaciones por el Buen Vivir recibiría un llamado de atención porque violentaba la Constitución y la ley.

“Se llama severamente la atención a la organización política por haber incurrido en la vulneración del artículo 331 del Código de la Democracia que les obliga a que en su propaganda política, en sus acciones no pueden violar derechos constitucionales”, manifestó en ese entonces Arias, quien explicó que no pudieron emitir otro tipo de sanción más fuerte porque encontraron una “debilidad” en el Código de la Democracia para castigar a las agrupaciones políticas que incurren en ese delito de utilizar a menores.