El presidente Rafael Correa objetó parcialmente la Ley de Límites aprobada por la Asamblea Nacional, in formó ayer esa Función del Estado.

El Ejecutivo plantea que si los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), en el plazo máximo de dos años contados a partir de la vigencia de esta norma, no resuelven los conflictos de límites en sus jurisdicciones, incurrirán en una causal para la revocatoria del mandato.

El Mandatario también sugiere que si no hay solución en el plazo de dos años, el Comité Nacional de Límites Internos enviará al Consejo Nacional Electoral (CNE) los conflictos de pertenencia que deberán ser sometidos a consulta popular para solucionarse.

El gobernante propone que cuando se trate de conflictos para obtener la delimitación de cualquier circunscripción territorial donde no haya población residente, la Comisión Nacional de Límites Internos fijará la demarcación  territorial.

El objetivo, indica Correa, es no prolongar innecesariamente los conflictos existentes, gracias a una alternativa de solución que concluya en forma definitiva las diferencias originadas en las disputas de límites.

En el proyecto original se establecen procedimientos amistosos (negociación directa y mediación territorial) e institucionales (arbitraje, resolución y consulta popular) para solucionar los conflictos.