Desde hace varios días ciudadanos han denunciado el incremento en el precio de las bebidas en envases plásticos no retornables, específicamente gaseosas. Así una botella de tres litros pasó repentinamente a costar de USD 1,70 a USD 1,90.

El alza se registra desde el anuncio del Gobierno de una reforma tributaria, que incluyen los denominados "impuestos verdes". Entre ellos se contempla gravar con 0,02 centavos las botellas no retornables y de uso para bebidas.

Los impuestos sin embargo aún están siendo analizados, por lo que no se justifica un incremento de este tipo.

Por ello, el Ministerio del Interior anunció que, a través de las intendencias, se realizarán operativos de control sobre personas y locales que provoquen especulación o incremento ilegal de precios de los productos.

Con la colaboración de la Policía Nacional, los controles iniciarán desde hoy en todo el país.

José Serrano, ministro del Interior, dijo que durante los controles se identificarán a los actores de la especulación y serán sancionados de acuerdo a las normales legales establecidas, como son clausuras de los locales, multas, detenciones.

Además, indicó que presentará "personalmente" las denuncias penales, en caso de delitos de estafa a la ciudadanía por parte de los especuladores.

El intendente del Guayas, Julio César Quiñónez, recalcó que a las autoridades "no les temblará la mano" para sancionar a los responsables.

El pasado martes, la ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, indicó que se ha solicitado un informe exhaustivo y de muestra externa para comprobar en qué parte de la cadena comercial inicia la especulación con las bebidas gaseosas.

"Les recuerdo a los señores empresarios primero su responsabilidad social con el país, con los ecuatorianos, y en segundo lugar que está la ley del consumidor, la cual podemos aplicar si efectivamente detectamos un fenómeno especulativo", subrayó

En los próximos días empezará a funcionar en las 24 provincias del país, la línea de denuncias 1800 PRECIOS JUSTOS, según anunció Óscar Bonilla, viceministro de Gobernabilidad del Ministerio del Interior.