El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), presidido por el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Jaime Guerrero, y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), dirigido por Patricio Barriga, iniciaron el proceso para la adjudicación de frecuencias de radio y televisión de señal abierta, destinados a medios comunitarios y privados, en 9 provincias del país, según establece la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

El procedimiento para el otorgamiento de frecuencias, de conformidad con lo establecido en el Reglamento para la Adjudicación de Títulos Habilitantes, se encuentra dividido en dos etapas sustanciales. En primer lugar, la autoridad de Telecomunicaciones, a través de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), emitirá los informes respectivos con la finalidad de poner en conocimiento del Conatel, hasta los cinco proyectos mejores puntuados; en segundo lugar, la autoridad de Telecomunicaciones solicitará al Cordicom la emisión de un informe vinculante para la adjudicación de la concesión.

El Ministro Guerrero precisó este lunes, a través de un comunicado de prensa, que las dos etapas sustanciales del proceso de adjudicación de frecuencias son importantes para que la sociedad conozca el mecanismo transparente con el que se otorgan las frecuencias en el país y no como se lo hacía anteriormente. Además, destacó que este proceso se desarrolla dando cumplimiento al Artículo 110, de la LOC.

El Presidente del Cordicom, en cambio, puntualizó la importancia del proyecto comunicacional a la hora de evaluar las solicitudes de frecuencias, ya que este constituye el compromiso público que manifiesta un medio con sus audiencias.

Las frecuencias que salen a concurso  para la adjudicación al sector comunitario, tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en el Art. 106 de la LOC, que establece la obligatoriedad del Estado de distribuir las frecuencias del espectro radioeléctrico de manera equitativa: 33% para el sector público, 33% al sector privado y 34% al sector comunitario.