“Hay quienes ven en ese comercio una forma de ampliar audiencias”
¿Desde la perspectiva de los cineastas ecuatorianos, cree que se debe regular los derechos de autor?
Para algunos cineastas el tema es fundamental y una preocupación constante, para otroses menos importante porque están concentrados en conseguir recursos para producir sus obras, sabiendo que en muy pocos casos se recupera la inversión o se obtiene utilidades. Hay quienes ven en ese comercio una manera de ampliar sus audiencias y de obtener reconocimiento, pero a nadie le gusta que le roben el producto de su trabajo. (...) En todo caso sí hay un consenso sobre la necesidad de regular el comercio de copias de películas de uso doméstico, pues venderlas sin acuerdos de retribución a autores y productores vulnera sus derechos.
¿Cuánto afecta la piratería a la industria cinematográfica local?
Es evidente que si una obra en la que has invertido recursos, tiempo de trabajo, esfuerzo y dedicación es comercializada sin tu conocimiento y sin el pago debido de la licencia que autoriza al comerciante a venderla, están afectando tus derechos. Hay que entender que toda obra de producción audiovisual tiene uno o varios titulares de sus derechos de comercialización, comunicación pública, teledifusión, etc. No reconocer esos derechos es grave: es equivalente a meterse a una plantación de flores, cortar unas cuantas decenas de tallos y venderlas, sin comprarle a sus legítimos dueños.
¿Han dialogado con los comerciantes informales?
Sí, desde hace muchos años el IEPI, el CNCINE, el Ministerio de Cultura y otras instancias públicas hemos establecido conversaciones y acuerdos con los comerciantes. En lo que respecta a la producción nacional, se ha logrado reducir bastante el perjuicio a los productores.
¿Cómo va el proceso de regularización en la adquisición de licencias?
Lamentablemente en el país no se comprendelos derechos de autor y de propiedad intelectual de las obras, en particular del audiovisual. No se puede generalizar, pero al CNCINE le ha tocado en muchas ocasiones explicar esto incluso a otras instituciones públicas. En la ciudadanía tampoco se comprende el tema porque desde hace décadas existe la práctica de copiar discos de música o de películas para venderlas sin ningún control y en total irrespeto de los derechos de sus creadores y productores.
¿La penalización de la piratería afectaría de algún modo el acceso libre a la cultura?
Me parece que no se puede enfocar este asunto desde esa perspectiva. El acceso a una programación cultural diversa es obligación del Estado (...) Las obras a las cuales el Estado ha aportado una parte del financiamiento, vía fondos de fomento u otras contribuciones, podrían ser objeto de un acuerdo para que a partir de un momento puedan ser usadas por el Estado para su difusión, más aún si no se trata de fondos reembolsables. Estamos trabajando para establecer este tipo de acuerdos en el Fondo de Fomento Cinematográfico, pero eso es muy diferente a desconocer los derechos de autor y de propiedad intelectual de toda obra.
El Estado invierte recursos para fomentar la producción cultural, para estimular la creación, pero en la gran mayoría de los casos no produce directamente; es lo que sucede por lo menos en la cinematografía (...) Dicho de otra manera: el acceso libre a la cultura, derecho establecido en nuestra Constitución, no puede ser una obligación y una carga para los creadores y productores, sino una tarea del Estado. (I)