La jueza Quinta de Garantías Penales de Pichincha, María Cristina Guerra, acogió este martes el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio a los ex veedores que investigaron los contratos de Fabricio Correa con el Estado.

La Fiscalía emitió un dictamen acusatorio en contra de Pablo Chambers, José Quishpe, Gerardo Portillo y Víctor Hugo Hidalgo.

Además, solicitó la prisión preventiva para los cuatro procesados, a fin de evitar que se refugien en alguna embajada y evadan la justicia. Ello fue negado por la jueza.

Sin embargo, se mantienen las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación periódica ante el juzgado.

En la audiencia preparatoria de juicio y dictamen fiscal, el abogado defensor Ramiro Román rechazó las acusaciones y pidió el sobreseimiento definitivo de sus clientes.

Los ex integrantes de la veeduría están acusados de falso testimonio, luego de que aseguraran en su informe que el presidente de la República, Rafael Correa, tenía conocimiento de los contratos de su hermano.

Además, los demandados afirmaron que los contratos ascendían a $ 657 millones y que hubo un perjuicio para el Estado de $ 140 millones.

Los ex veedores han acudido a embajadas para solicitar asilo, alegando una persecución política en su contra, sin hasta ahora haber recibido respuesta favorable alguna.